El juez de Control de Garantías N° 1, Héctor Rodolfo Maidana, hizo lugar al pedido de sobreseimiento de los cesanteados de Valle Viejo que fueron denunciados por el municipio chacarero por tomar el edificio comunal a principios del año pasado.
El magistrado respaldó los argumentos del fiscal que llevó la investigación, Jonathan Felsztyna, quien consideró que los denunciados no habían incurrido en el delito por el que se los acusaba: daños calificados en calidad de coautores. La decisión fue apelada por el fiscal municipal, Leonardo Berber, por lo que la definición estará en manos de la Cámara de Apelaciones y Exhortos.
El hecho por el cual se imputó a este grupo de trabajadores municipales se remonta al 12 de febrero del año pasado. Ese día y en el marco de las protestas para pedir por la reincorporación de los empleados que habían sido cesanteados en el inicio de la gestión de Susana Zenteno, las manifestaciones tomaron temperatura y un grupo decidió ingresar al viejo Palacio Municipal chacarero antes del inicio de la jornada laboral. Según la denuncia realizada por el Municipio, los manifestantes realizaron destrozos dentro del edificio, además de agredir a la Policía que se encontraba custodiando el lugar. Incluso se denunció que algunos trabajadores de otras dependencias también fueron golpeados.
En el marco de la investigación, hubo una docena de detenidos, que luego fueron imputados por el fiscal. En la causa, la Municipalidad de Valle Viejo se había constituido como querellante.
En sus fundamentos, Maidana tomó los argumentos del fiscal para pedir el sobreseimiento de los cesanteados y el archivo de la causa al sostener que "de los videos de las cámaras de seguridad del edificio comunal, si bien se observa el ingreso de los activistas, no se observa que los mismos hayan tirado piedras o algún objeto contundente ni que hayan roto ni tocado nada".
"Por otra parte, en relación a los testigos, en cuyos dichos la querella pretende sustentar oposición, los mismos han sido claros y coincidentes en señalar que no observamos que los acusados hayan producido ningún tipo de daños", afirmó.
"El fiscal ha fundamentado con largueza las distintas causas y diversas razones que tuvo para concluir que las probanzas obrantes en autos resultan insuficientes para arribar a un estándar de probabilidad respecto a la participación de los acusados en el hecho que se investiga", añadió.
Más adelante y afirmando que la investigación "se encuentra agotada" y que "no se vislumbra la posibilidad de incorporar en el futuro nuevos elementos de prueba que modifiquen la actual plataforma fáctica", estimó apropiado "dictar a favor de los imputados".
Cesanteados
El conflicto con los cesanteados comenzó a los pocos días de asumir Zenteno la intendencia chacarera. En ese momento, la jefa comunal decidió dar de baja a un grupo de empleados designados en planta permanente en la gestión de Gustavo Jalile al considerar que fueron nombrados sin cumplir con el tiempo mínimo como contratados. Luego de varios meses, la administración Zenteno retomó a parte de los trabajadores.