En una nota, los concejales Verónica Segura (JxC), Antonio Arpires (Unión por FME) y Ramón Guerrero (FT) marcaron distancia de la presidenta del Concejo Deliberante, Susana Acosta (FT), y salieron al cruce tras la denuncia pública realizada en la que aduce una supuesta omisión de los deberes de funcionario público por parte del intendente Guillermo Ferreyra (FT) por el veto a una ordenanza que pretendía la separación administrativa del CD. Para los concejales, Acosta pretende polemizar “para obtener beneficios personales”.
“Es claro que la concejala Acosta persigue un único objetivo que es perjudicar al intendente y seguir obteniendo beneficios personales. Esta denuncia no fue un tema tratado ni consultado en las últimas reuniones de comisión y menos aún en las sesiones del CD”, indicaron.
Para los ediles, la ordenanza de la discordia es de cumplimiento “inoportuno e inviable”, ya que el Ejecutivo “se encontraba con un presupuesto reconducido y la pandemia exigía priorizar los recursos en las necesidades que aquejaban a nuestros vecinos”.
“A la presidenta no le importó la situación al querer poner en marcha la separación administrativa del Concejo del Ejecutivo, en desmedro de las verdaderas necesidades que la situación sanitaria demandaba”, reclamaron y aseguraron que Acosta “atenta contra las instituciones, violando abierta y expresamente lo que dispone el reglamento interno y principalmente la Carta Orgánica”.
También, recordaron que Acosta tiene “una lista de denuncias y causas judiciales en su contra”. “Son por delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre ellas, por falsificación de firmas y manipulación en falsas denuncias; y que todas tienen que ver con ese accionar malicioso no es solo en contra del intendente, sino en atropello a las instituciones de FME”, cerraron.
