La cámara de senadores había reclamado por las demoras
Cambios en la Comisión Evaluadora para acelerar la cobertura de cargos judiciales
Se crea un Registro de Aspirantes a cubrir vacantes en el Poder Judicial, que se confeccionará con los postulantes que ya fueron evaluados y otros que se incorporarán.
A través de un decreto, el Gobierno realizó cambios al funcionamiento de la Comisión Evaluadora que realiza los concursos para la cobertura de los cargos en el Poder Judicial. En este marco se dispuso crear un registro de aspirantes al Poder Judicial. Estará integrado por aquellos profesionales que ya fueron evaluados por la Comisión durante su primer año de vigencia, aprobaron las distintas instancias, pero luego no fueron seleccionados por el Poder Ejecutivo y otros que a partir de ahora se inscribirán en ese Registro. De tal manera que cuando se produzca una vacante, la Comisión Evaluadora podrá recurrir a ese reservorio para la cobertura del cargo, de acuerdo al perfil de los postulantes y agilizar así las coberturas.
Además, se crea un organismo de capacitación que tiene por objeto preparar a quienes aspiran a ejercer un cargo en el Poder Judicial, pero no tienen la experiencia de haber transitado por el sistema.
En los fundamentos del decreto se señala que la Comisión Evaluadora llevó adelante hasta la fecha 11 llamados a concursos para cubrir 20 cargos vacantes en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, con la participación de más de 60 abogados del fuero local y nacional, en solo 12 meses desde su puesta en marcha, "logrando superar diferentes obstáculos en tiempos de pandemia, y logrando implementar un sistema de selección totalmente transparente, combinando la virtualidad y presencialidad en las diferentes etapas del proceso".
Luego agrega que todos los diseños institucionales son perfectibles y deben ser flexibles para avanzar en una búsqueda constante hacia modelos más eficientes y más transparentes. "En esa lógica, es que resulta oportuno crear un mecanismo que contribuya a mejorar el funcionamiento y la celeridad del proceso de selección", señala.
Precisamente, el oficialismo en la Cámara de Senadores había motorizado una resolución por la que le solicitaba al Poder Ejecutivo que derogue el decreto por el que se creó la Comisión Evaluadora. El ministro Jorge Moreno se puso firme y se negó al pedido de los senadores, pero anticipó que se producirían cambios.
El mecanismo que se propicia establece la realización de exámenes periódicos sin que existan necesidades concretas de cargos vacantes a cubrir, y una vez que se produzca una vacante, la Comisión Evaluadora contará con la nómina de personas postulantes aprobadas y podrá elaborar el orden de mérito con esas personas que se encuentren en condiciones de acceder al cargo.
Es así que se crea el «Registro de Aspirantes a la Magistratura y la Función Judicial» en la órbita de la Comisión Evaluadora, de donde se convocará a las personas a cubrir cargos y se confeccionará la nómina de los postulantes que hayan aprobado los concursos convocados periódicamente en base a la especialidad, cuya vigencia será de dos años.
Además se resuelve crear un «Centro de Formación de Aspirantes a la Magistratura y la Función Judicial» , que tendrá como objeto capacitar a las personas aspirantes a la magistratura para la eficaz prestación de los servicios de Justicia mediante nuevos instrumentos de gestión y técnicas de trabajo.
A través del decreto se realizan modificación al decreto 1306/20 por el que se creó la Comisión Evaluadora. Se establece que la Comisión tendrá que dictar un Reglamento de organización del Registro de Aspirantes a la Magistratura y la Función Judicial que tenga en cuenta la agilización y simplificación de los mecanismos de inscripción.
Por último, la Comisión también tendrá facultad para convocar organizaciones de la sociedad civil "reconocidas por su trayectoria en materia de transparencia e independencia judicial para que auditen los procesos, emitan opinión sobre la normativa, o recomienden acciones concretas para mejorar la calidad institucional, la transparencia y la independencia de la selección de magistradas/os y funcionarias/os.
