La causa por el "megafaude" de las fundaciones se encuentra en una situación incierta sobre su futuro. Es que a pesar de que ya se pidió su elevación a juicio en al menos cuatro oportunidades, las defensas de los acusados presentan diferentes recursos judiciales para impedir que el debate oral y público se realice.
La última fue realizada por la defensa de Carlos Arriazu, a cargo del abogado Víctor García, que fue rechaza por la Cámara en lo Criminal n°1. Sin embargo, el letrado adelantó que casará la sentencia. Es decir, pedirá que su planteo sea resuelto por la Corte de Justicia. Como el máximo tribunal no suele tener plazos para fallar, su resolución podría demorar meses, lo que implicaría que un quinto llamado a juicio también se demore.
Procesalmente, la casación debe ser presentada ante la Cámara que la puede aceptar o no. Si la rechaza, el letrado puede ir en queja directamente al máximo tribunal.
La presentación de García que había sido rechazada pedía la nulidad de la elevación a juicio al considerar que hubo adulteraciones en los expedientes de la investigación. En ese marco, había presentado un incidente de nulidad a la declaración indagatoria tomada a sus asistidos por lo que solicitó el sobreseimiento definitivo de sus defendidos.
En el escrito, García advertía de la supuesta manipulación de la prueba contra sus defendidos y la adulteración de los expedientes de la causa. Había relatado que la propia Corte de Justicia en un fallo sobre un planteo realizado por Susana Beatriz de la Colina (otra de las involucradas en la causa), confirmó que parte del expediente del "megafraude" fue manipulado por personas ajenas a la causa.
De la Colina (que era empleada del Ministerio de Hacienda cuando saltó el escándalo), había hecho este planteo en 2019 denunciando la desaparición de los expedientes de pago a las Fundaciones IDEIA y Jóvenes en Progreso en ámbitos de la Tesorería General de la Provincia durante la investigación. Esta documentación apareció luego, pero no sería la original. Mediante dos pericias se constató que se habían producido adulteraciones.
Teniendo en cuenta que los expedientes a los que hizo referencia el máximo tribunal pertenecen a la causa del "megafraude", García había planteado que existe lo que se denomina "comunidad de la prueba", lo que significa que la definición de la Corte impacta de la misma forma para el resto de los imputados de la investigación. Además había agregado que estas irregularidades detectadas en la documentación impactan de lleno tanto en las declaraciones testimoniales de sus defendidos y en el propio llamado a juicio, ya que son la base de acusación contra los imputados. Por lo tanto todo lo realizado en base a esa documentación es nulo.
Si bien la Cámara había rechazado el planteo de García, aún estaba analizando otra presentación realizada por el abogado Jorge Díaz Martínez, representante legal de Susana Beatriz de la Colina y María Cristina Barros de Voget, de similares características a la de García.
La causa
En la causa del "megafraude" se investigan supuestos actos de corrupción en la contratación de capacitaciones organizadas por fundaciones por parte del Estado provincial en el primer mandato de Eduardo Brizuela del Moral. En octubre, el “megafraude” cumplió 17 años desde que comenzó su investigación, que aún sigue sin resolverse. Ésta se había iniciado por una investigación de El Ancasti en 2004.
Además de Arriazu, están imputados el exdirector de Políticas Juveniles Ariel Regina, el exsecretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas; el presidente de la Fundación IDEIA, Hugo Diamante; además de exfuncionarios distintos niveles jerárquicos del Ministerio de Hacienda y de la exSecretaría de Desarrollo Social de la Provincia, todos por 24 hechos.
