La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) manifestó ayer su preocupación y el rechazo al proyecto de promover la intervención federal del Poder Judicial de Formosa, impulsado por el Colegio de Magistrados de esa provincia en medio de denuncias por la estrategia sanitaria local contra la pandemia.
"En la Asamblea Extraordinaria de la FAM, realizada en la ciudad de Corrientes los días 20 y 21 de febrero de 2020, los representantes de todas las provincias argentinas y de la CABA hemos señalado que los sistemas republicanos y democráticos se perfeccionan con la estabilidad institucional y se debilitan con las excepciones y las interrupciones", recordó la Federación.
Resaltó, además, que "con ese mismo criterio" hacen un llamado a "trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad para contar con respuestas estatales adecuadas a las demandas de esta situación extremadamente grave, signada por la pandemia de COVID-19".
El comunicado de la FAM fue firmado por su presidente, Ariel Ariza, y por su secretario, Omar López.
Hábeas corpus
La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, resolvió declarar la competencia de la justicia federal para entender en el hábeas corpus colectivo y correctivo iniciado por el senador Luis Naidenoff por las violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa.
La resolución lleva las firmas de los doctores Mariano Hernán Borinsky -Presidente-, Juan Carlos Gemignani y Daniel Antonio Petrone.
El legislador Naidenoff denunció que en los centros gubernamentales de aislamiento formoseños se están produciendo violaciones a derechos humanos de índole constitucional y convencional tales como el derecho a la vida, a un ambiente sano, a la salud física y mental, a la privacidad, intimidad, a la circulación y el derecho a recibir un trato digno -entre otros-.
En su decisión, Casación resolvió por mayoría que la investigación quede a cargo de la Justicia federal, en contra de lo que opinó el fiscal Federal de Casación, Omar Pleé, quien consideró que el caso debía continuar en el poder judicial formoseño.
En sus fallos, los jueces que conformaron la mayoría, Borinsky y Gemignani, se apoyaron en las consideraciones que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, en noviembre de 2020, y tras semanas de polémica por ciudadanos que no podían entrar al distrito, le ordenó a la provincia de Formosa que garantizara el ingreso de todos los ciudadanos que deseaban hacerlo.
Piden que viaje una comitiva
El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) pedirá al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para que se constituya una comitiva de legisladores que viaje a la provincia de Formosa. El objetivo es corroborar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que estaría cometiendo el gobernador Gildo Insfrán en el marco de las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia.
La decisión fue resuelta ayer por la mesa opositora de la Cámara baja, de la que participaron el presidente del interbloque, Mario Negri, el vicepresidente primero de la Cámara baja Omar De Marchi, el presidente del bloque de la CC-ARI Juan Manuel López y diputados nacionales.
Según los diputados nacionales, en Formosa se produce una “grave situación” con las personas que viven confinadas en los centros de aislamiento de prevención del COVID-19, donde se producen “múltiples violaciones a los derechos humanos”. Los casos más graves, destacaron los legisladores, involucran a “menores de edad encerrados, quienes conviven hacinados compartiendo camas con familiares y baños con adultos que no son de sus propias familias”.
Ayer, los miembros de Juntos por el Cambio de las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión recibieron las denuncias de las dos concejalas que fueron detenidas por hacer públicos los presuntos abusos de autoridad.
El Secretario de Derechos Humanos está en la provincia
En medio de las denuncias contra Insfrán llegó ayer a Formosa Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, para constatar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos luego de las acusaciones de organizaciones civiles y funcionarios de la oposición de que en los centros de aislamiento se vive en condiciones "inhumanas".
Insfrán invitó a la cartera de Derechos Humanos que ahora tiene como finalidad "recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas", indicó un comunicado del organismo nacional.
La organización Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Insfrán obliga "a permanecer en los centros de aislamiento a personas con COVID-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen COVID-19, exponiéndolas al contagio". Además, a muchas personas "no se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace sin tener acceso a los resultados".
