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Diputado víctor luna

"El fallo de la Corte sienta un peligroso precedente"

2 de enero de 2021 - 01:02 Por Redacción El Ancasti

El presidente del bloque “Unión Cívica Radical” de diputados provinciales, Víctor Luna, expresó que el fallo de la Corte de Justicia de Catamarca a favor de la empresa minera Agua Rica “no preserva derechos sociales y sienta un peligroso precedente, centralmente en materia ambiental y recursos naturales, con lo que el gobierno, en divorcio con la sociedad, privilegiando sus alianzas estratégicas con las multinacionales, logra imponer una visión recaudatoria de corto alcance por encima del bien común, a costa de poner en riesgo la vida y salud de la gente”.

En ese marco, cargó contra el dictamen del ministro de la Corte, Miguel Figueroa Vicario. “Lo que debería ser la búsqueda de rigor en el pronunciamiento por mayoría del tribunal superior, se desnaturaliza, diluye y colisiona con el doble discurso y las contradicciones de uno de sus integrantes al que le cabe la doctrina de los actos propios, que supone la vinculación de un hecho a su autor y la imposibilidad de adoptar con carácter posterior una conducta que lo contradiga”, examinó.

“Debería haber sido coherente con sus ideas y convicciones, porque cuando fue diputado por el justicialismo ha sido un fervoroso opositor de la actividad minera, presentó un proyecto para prohibir la minería a cielo abierto por las consecuencias ambientales, rechazando también la utilización de cianuro en el proceso de producción, y avalaba el plebiscito propuesto entonces en Andalgalá para que la gente exprese su opinión sobre la minería”, aseveró.

El supremo tribunal provincial resolvió, por mayoría de votos, hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la empresa minera Agua Rica en contra de la Municipalidad de Andalgalá, declarando la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 029/2016 sancionada por el Concejo Deliberante de Andalgalá por la que prohibía la actividad minera en el departamento.

Luna consideró que el fallo de la Corte, “lejos de tener una mirada equilibrada y armonizadora, ha profundizado la grieta, las diferencias y divisiones en la comunidad andalgalense, cuando lo que debería haber primado es la preservación del bien común por encima de los intereses particulares, sectoriales o empresariales”.

“No analiza el fondo de la cuestión, se desentiende y por ende no da respuestas a la cuestión central, que no es otro que el cuidado y la defensa del ambiente como bien social, que constituye el origen del debate y la controversia que se instaló en la sociedad de Andalgalá, preocupación de la que se hacen eco sus representantes en el Concejo Deliberante porque no podían darle la espalda al clamor popular, y que consecuentemente termina con la sanción de la ordenanza, que tiene como eje, justamente, la problemática ambiental”, amplió.

Vacío legal
Luna sostiene que la ordenanza municipal “es el instrumento institucional que ha venido a cubrir el vacío legal que ha dejado la provincia en materia ambiental para la actividad minera a cielo abierto y la utilización de diversas sustancias químicas tóxicas, y ante la ausencia de legislación al respecto es competencia de los órganos de gobierno departamental, Ejecutivo municipal y Concejo Deliberante, instrumentar las medidas regulatorias”.

Advirtió que el Gobierno “debe entender que la licencia social no se alcanza en los escritorios de una justicia que actúa alineada con los planes del oficialismo, la licencia social se logra haciendo cumplir la voluntad popular y las normas que deben guiar al Estado como promotor del bien común orientando las acciones hacia el desarrollo sostenido pero ambientalmente sustentable, que es intrínseco a la calidad de vida y los derechos humanos”.

“Por encima de las imposiciones debe prevalecer el debate democrático para alcanzar el consenso social”, agregó.
Citó el artículo 41 de la Constitución Nacional que “establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo”. n

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