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Por el cierre de una petroquímica

Causa de corrupción en Santa Fe envuelve a los Tasselli

Están siendo investigados por el supuesto pago para archivar una causa por daño ambiental.
19 de enero de 2021 - 01:08 Por Redacción El Ancasti

Uno de los expropietarios de la extinta EDECAT, Sergio Taselli volvió a ser noticia, ahora envuelto en una causa de corrupción en la provincia de Santa Fe. 

En los próximos días, el fiscal de esa provincia, Luis Schiappa Pietra,  llevará a una audiencia imputativa a Tasselli, a su hermano Máximo y al exjefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, a los que acusará de “pactar” el archivo de una causa en la que se investigaba un desastre ambiental que se originó en la planta de insumos químicos, de 20 hectáreas. 

Se trata de la causa judicial que envuelve a la Petroquímica Bermúdez, una planta situada sobre el río Paraná, cerca del límite con Rosario a la que el fiscal Schiappa Pietra describió como una "bomba ambiental”.

Según describen medios nacionales tales como La Nación, de la petroquímica que fue adquirida por Taselli en 1998 y cerrada en 2013, (como otra decena de empresas que compró en los 90), desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno. 

El material que contienen estos recipientes es una sustancia altamente tóxica, según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de esa provincia que consta en la causa, que además afirma que el escape de gas de tan solo uno de esos tambores provocaría la evacuación de las poblaciones de ciudades cercanas, como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y el norte de Rosario.

Hasta la fecha, nadie sabe adónde fueron a parar esos contenedores. Se sospecha que podrían haberse tirado al río Paraná o haberse enterrado, algo peor -según especialistas- porque no se tiene ningún control del daño que podrían causar las sustancias. 

"Es un desastre ambiental que podría tener dimensiones impensadas", explicó Cecilia Bianco, de la ONG Taller Ecologista, entidad que hace cinco años alertó a las autoridades sobre lo que ocurría con el desmantelamiento de la Petroquímica.

"Detectamos que durante la noche entraban y salían camiones de la planta, con lo cual la principal sospecha es que estaban sacando las bombonas de cloro", advirtió.

Esta planta, fue inaugurada en 1946 con el nombre Electroclor y  cerró en 1993. En 1998, Taselli adquirió la planta, que en esa época solo producía cloro, acetileno y tricloroetileno, y la nombró Petroquímica Bermúdez. En 2013, la planta cerró por un conflicto laboral.

En el marco de la causa, la pregunta era ¿Por qué el empresario compró una planta química para después cerrarla? Según La Nación, la sospecha es que se buscó vender chatarra aunque se trataba de residuos altamente peligrosos.

Desde ese momento, el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe comenzó a exigirle "un cierre seguro" de la planta, pero Taselli, según la anterior administración de Santa Fe, "nunca cumplió". Ante ese escenario, a través de la Fiscalía de Estado, en 2016 se presentó una denuncia penal que recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.

En 2017, una auditoría detectó "la presencia de productos químicos peligrosos que ameritan acciones inmediatas para evitar una emergencia ambiental con la afectación de la población". 

Cuando la causa penal avanzaba sobre la responsabilidad de Taselli, comenzó a gestarse una maniobra para clausurarla, que ahora va a terminar en la imputación de los Tasselli y del exjefe de los fiscales de Rosario Serjal, actualmente preso por el cobro de sobornos en una causa ligada al juego clandestino.

Los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery, que encabezan la Unidad de Crimen Organizado, empezaron a relevar las causas que había cerrado Serjal. Se encontraron con que marzo de 2019, el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma pidió el archivo de la causa de la petroquímica. "Es la instrucción de mi superior", dijo, en alusión a Serjal. La sospecha es que el pago de sobornos en este caso podría haber sido de más 180.000 dólares.

En la causa, según el fiscal, sobraban elementos para seguir la investigación e imputar a los empresarios.

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