El empresario Lázaro Báez salió de la cárcel de Ezeiza tras más de cuatro años preso, luego de que el Tribunal Oral Federal Nº4 le concediera el arresto domiciliario sin necesidad de pagar fianza. Sin embargo, no pudo ingresar al country donde tenía previsto cumplir con la orden judicial y tuvo que regresar al penal. Los vecinos, que impidieron el paso, se quedaron toda la noche para evitar que el empresario entre a la madrugada.
Ayer por la mañana, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el arresto domiciliario en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado, pero para que esa decisión se hiciera efectiva faltaba la autorización del TOF 4, que llegó en horas de la tarde. Tal como lo indicó la Casación en su fallo, el TOF afirmó que Báez podía salir de Ezeiza sin necesidad de cumplir con la caución que le habían fijado en 386 millones de pesos. Lo enjuician por las maniobras llevadas a cabo en la financiera SGI, "La Rosadita".
Con la decisión del TOF, el empresario salió de la cárcel a bordo de un automóvil del servicio penitenciario, que lo trasladó hasta su casa ubicada en el barrio privado de la localidad bonaerense de Pilar, Ayres de Pilar, donde se suponía que cumpliría la domiciliaria con una tobillera electrónica. Sin embargo, al llegar allí unos 100 vecinos impidieron su ingreso mediante una protesta, que obligó al rodado a regresar hacia la Autopista Panamericana, hasta que se lograra la calma.
Báez llegó al country arriba de una camioneta del Servicio Penitenciario y recién logró cruzar la entrada del barrio en el cuarto intento. Lo hizo en medio de golpes y tumultos con los vecinos. Sin embargo, adentro del barrio solo pudo avanzar cien metros porque los vecinos se sentaron adelante del vehículo e impidieron que siga su paso. Entre los disturbios, le arrojaron huevazos a la camioneta, y algunas personas la golpearon hasta el punto de romper el parabrisas. Algunos vecinos denunciaron que fueron atropellados, en un episodio que duró más de una hora hasta que la camioneta con Báez tuvo que volver a Ezeiza. Lo mismo ocurrió con los abogados del empresario, que no pudieron entrar al barrio cuando los vecinos los reconocieron.
Por este motivo, para evitar que el empresario regrese en horas de la madrugada, anoche los vecinos se organizaban para pasar la noche en la calle.
La propiedad donde debería cumplir la domiciliaria es una casa de 250 metros cuadrados cubiertos, en un lote de más de 800 metros cuadrados y con una pileta de 6x4 metros. Esa casa está a nombre de la empresa Badial SA y se identifica como N37, dentro de la comunidad conocida como “La Arboleda”. Según precisó el sitio Infobae, estuvo vacía durante mucho tiempo pero comenzó a reacondicionarse justo antes de la cuarentena porque el 18 de marzo el juez federal Sebastián Casanello le otorgó la prisión domiciliaria a Báez en otra causa.
Los jueces Guillermo Costabel, Horacio Obligado y Jorge Gorini, consideraron que, más allá de la discrepancia con la Cámara de Casación, correspondía hacer lugar al pedido y otorgarle a Báez la domiciliaria. El empresario estaba alojado en Ezeiza desde abril de 2016 y la decisión judicial de permitirle el acceso al arresto domiciliario tuvo que ver con que se vencieron los plazos de la prisión preventiva para lo cual hay un tiempo máximo legal de 3 años, sumado a que no tiene ninguna condena por el momento.
Semanas atrás, el fiscal de juicio Abel Córdova pidió para el empresario una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero, en el marco de la causa conocida como "La ruta del dinero K", aunque en las otras dos causas todavía no tiene fecha de inicio del juicio. El juicio por esta causa podría tener sentencia antes de fin de año. Además de la condena, el fiscal pidió que Báez pague una multa de $2.121 millones y si se confirma la condena, podría haber decenas de bienes decomisados.
La defensa de Báez había dicho que el monto de la fianza era imposible de pagar, algo que ahora no debió cumplir para salir. La decisión de morigerar la detención de Báez fue en la causa por la compra de un campo en Uruguay llamado "El Entrevero", donde se sospecha de una maniobra de lavado de dinero, aunque seguirá siendo investigado en esa y en otras dos causas por el mismo delito.
Una es en la de la "Ruta del dinero K" y la otra es conocida como "M&P", el nombre de una de las empresas de Báez, en la que el TOF 4 inicialmente había establecido una caución de más de 600 millones de pesos, pero luego por orden de la Casación la rebajó a 382 millones.
