El Senado debate la nueva ley de Discapacidad, una reforma para fortalecer el sistema de protección y prestaciones
La actualización apunta a consolidar derechos, asegurar la continuidad de las prestaciones, garantizar financiamiento y promover la inclusión laboral.
El Senado debate el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, una iniciativa que busca consolidar de manera permanente las políticas públicas destinadas al sector, garantizar la continuidad de las prestaciones y brindar mayor previsibilidad tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores.
En la apertura del debate, el miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, señaló que el proyecto “genera un régimen permanente en reemplazo de la emergencia; la única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación de emergencia se prorroga año tras año lo que se genera es incertidumbre para los beneficiarios y los prestadores”.
“Este proyecto no entraña absolutamente ningún recorte, sino es resultado de un amplio consenso”, destacó el presidente de la Comisión de Presupuesto e insistió que la iniciativa “asegura la continuidad de las prestaciones contempladas por la Ley 24.901, de las pensiones, de la cobertura de salud y la compatibilidad con el trabajo”.
Al explicar los principales aspectos del proyecto, el oficialista resaltó que “toma las herramientas de la Ley 27.793, de emergencia, pero las convierte en un esquema jurídico estable”. “La pensión se actualiza de acuerdo con las jubilaciones”, apuntó y mencionó también “la compatibilidad laboral contemplando que el beneficiario pueda trabajar y seguir cobrando la pensión”.
A su vez, remarcó que se incluye “un esquema de control con auditorías periódicas, pero queda garantizado para el beneficiario la notificación fehaciente, el contar con un plazo para hacer el descargo y la suspensión preventiva solo ocurre una vez vencido ese plazo”.
“Los aranceles para los prestadores se actualizan por el índice de movilidad y un estudio de costos”, detalló el senador y dijo que “el Estado debe notificar a los prestadores el cronograma de pago en un plazo de 30 días y cancelar la deuda en un plazo máximo de 90 días corridos”. Además, aseguró: “El Presupuesto del próximo ejercicio va a tener contemplado las partidas para este proyecto”.
Luego, Monteverde precisó que “la OPC ha estimado el costo para el ejercicio 2028 en 1,2 billones de pesos, así que es un esfuerzo importante para el Estado”, mientras que “las compensaciones pendientes a los prestadores suman unos 278.300 millones de pesos”.
La senadora justicialista Alicia Kirchner arrancó agradeciendo haber obtenido un dictamen de 25 firmas, pero admitió que era “imprescindible” firmarlo por su inminente vencimiento. Tras aclarar que “toda ley es perfectible y estará en nosotros hacer los aportes que la mejoren”, señaló que se debe entender “qué es la dignidad humana, qué es la autonomía de la persona, qué es la protección de los derechos, quiénes son titulares de derechos… Y en esto disiento de (Agustín) Monteverde, cuando habla de beneficiarios. Siento que una persona con discapacidad es titular de ese derecho”.
“El papa Francisco hablaba de la cultura del descarte, a la que hizo mención también León XIV, y pienso que esa mirada pisó muy fuerte en el Gobierno”, advirtió, agradeciendo a Dios que “por la voluntad del Congreso podemos torcer en algo esta mirada. Pero ninguna sanción legislativa es un punto de llegada o reconstruye derechos que fueron vulnerados. En todo caso, es un punto de partida, de ahí aportes que tenemos que hacer”.
Expresidenta de la Comisión de Salud, la senadora nacional Lucía Corpacci no se guardó nada y reiteró que “Milei dejó en claro que no le interesaba proteger los derechos de los discapacitados”, al recordar el veto a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Del mismo modo, señaló que “el presidente promulga la ley, pero la suspende cosa que no sucede para otras áreas de gobierno porque para la SIDE y para Seguridad hay”.
También se adelantó a lo que será el debate del Presupuesto 2027 y explicó: “El problema es que el Programa Incluir Salud, donde se atienden las personas con discapacidad, tiene un recorte real del 13% ¿Cómo van a hacer para pagar la prestación que adeudan y pagar la prestación real si no modifican eso en el Presupuesto?”. Y cerró: “Hay cosas que se escriben con la mano y borran con el codo, y si no modificamos eso en el Presupuesto, nada de lo que digamos ahora va a valer la pena”.
“Hubiéramos querido otro texto mejor, más integral –aclaró el pampeano Daniel Bensusan-; pero queremos que esto salga, que se garanticen las prestaciones, que se garanticen los beneficios a las personas con discapacidad. Y desde este Senado vamos a exigir que se cumplan los compromisos presupuestarios; con las deudas con los prestadores; el debido proceso en las auditorías; las garantías al derecho de defensa de las auditorías, y garantizar el derecho a las personas más vulerables de este país y que tienen discapacidad, a sus familias y a los prestadores, que esta ley tiene que funcionar”. Y cerró: “Equilibrio fiscal sí, pero respetando la dignidad humana”.
Qué dice la ley
La ley tiene como objetivo superar las dificultades que afronta el sector y fortalecer de forma duradera la previsibilidad, la transparencia y la eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. Asimismo, reafirma los derechos reconocidos por la legislación vigente y asegura la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901.
Uno de los capítulos más importantes actualiza el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. En ese sentido, incorpora expresamente a las personas imposibilitadas para trabajar entre los beneficiarios del sistema y fija criterios más precisos para el acceso a las prestaciones, incluyendo requisitos de residencia, niveles de ingresos y evaluaciones socioeconómicas.
Además, dispone que las pensiones por invalidez laboral y discapacidad equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada y mantendrán un mecanismo de actualización automática vinculado a la normativa previsional. La nueva legislación establece expresamente la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En materia presupuestaria, la ley incorpora garantías destinadas a asegurar la sostenibilidad del sistema. Entre otras disposiciones, obliga a que las futuras leyes de presupuesto contemplen recursos suficientes para atender las prestaciones y determina que el ingreso por beneficiario no podrá reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior.
Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad de la cobertura cuando los recursos asignados resulten insuficientes.
La cobertura médica constituye otro de los ejes centrales de la reforma. La norma garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención sanitaria que incluya todas las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, asegurando así la continuidad de los tratamientos y servicios especializados.
Por otra parte, fortalece la articulación entre el Estado nacional y las provincias mediante una coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que participará en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas del sector. La ley también incorpora obligaciones de capacitación para todo el personal de instituciones y prestadores que integran el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
En cuanto a la transparencia, se establece un sistema de auditorías periódicas sobre las pensiones por discapacidad y la obligación de publicar regularmente información sobre ejecución presupuestaria, aranceles y cantidad de beneficiarios, garantizando el acceso público a esos datos mediante formatos abiertos y accesibles.
Finalmente, la norma dispone que el Poder Ejecutivo publique un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores del sistema, uno de los reclamos más reiterados de las entidades que brindan servicios de rehabilitación, atención y acompañamiento.