El diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Álvaro de Lamadrid (UCR) presentó un proyecto para destacar en el Congreso de la Nación el beneplácito por el fallo que ordenó reparar el daño ambiental en la Cuesta del Portezuelo. "Es reconfortante ver cómo la Justicia cumple su rol, pone frenos a los atropellos y preserva nuestros lugares más valiosos", remarcó el legislador.
De Lamadrid se hizo eco de la sentencia que firmó la jueza en comisión del fuero civil Delia Isabel Arias, que el pasado 27 de agosto hizo lugar a la acción de amparo ambiental que fue presentada en julio de 2013 por el ciudadano José Eduardo Aroca en contra del Estado Provincial y de Ana Gabriela Correa Peralta, titular de Gabiola Empresa Constructora, por el cambio de traza en la ejecución de la línea eléctrica de 33 kw Santa Cruz-Las Antenas (Cerro Ancasti), para el suministro de energía que estaba destinado al sistema de TV digital abierta. "El fallo resulta incuestionable y está destinado a sentar un importante precedente en materia de derecho ambiental y de patrimonio cultural provincial. Es reconfortante ver cómo, en este caso, la Justicia cumple su rol, pone frenos a los atropellos y preserve nuestros lugares más valiosos", opinó.
Tal como informó El Ancasti, la jueza condenó a la empresa y al Estado al levantamiento de bases, postes, columnas, cables, transformadores y todo lo demás referido al tendido eléctrico en cuestión y determinó que deberán asumir los costos. También sentenció que se deberán arbitrar todos los medios necesarios para garantizar el suministro eléctrico mientras se ejecuten los trabajos, otorgando un plazo de 30 días para iniciarlos, computables a partir de que la sentencia quede firme y fijó un plazo de 90 días para concluirlos.
En su fallo, la jueza remarcó que el tramo de la ruta provincial Nº42 y su entorno natural conocido como Cuesta del Portezuelo, enclavado en la ladera occidental de la sierra de Ancasti, ha sido declarado patrimonio cultural de la provincia en 2009, lo que le impone al Poder Ejecutivo el deber de cumplir con las prescripciones de preservación del patrimonio cultural e histórico.
Además, señaló que el informe pericial que realizó la Universidad Nacional de Córdoba resalta que en la aprobación de la línea eléctrica "no se evaluaron aspectos paisajísticos, culturales ni turísticos del lugar y que en el estudio de impacto ambiental de la obra no se incluye la normativa ambiental de específica aplicación al lugar en consideración a la entidad que reviste la Cuesta del Portezuelo como objeto protegido".
"Todo lo anterior permite tener por acreditado el daño ambiental ocasionado en Cuesta del Portezuelo y su entorno natural como bien colectivo, de entidad e importancia, con indudable afectación al Patrimonio Cultural, Patrimonio Turístico y Patrimonio Paisajístico de la provincia. Además, se verifica la amenaza de daño inminente a la flora, fauna y salud de las personas, derivado de la potencial puesta en funcionamiento de la línea de media tensión en cuestión, cobrando aquí especial importancia en orden al llamado principio de prevención", destacó la magistrada.
