En los próximos días, el Gobierno enviará a la Legislatura el proyecto para la modificación del Código de Procedimientos Mineros, lo que implicará varias modificaciones de fondo para la actividad . Uno de los puntos contempla que el juzgado de Minas, a cargo de Raúl Guillermo Cerda, deja de ser la autoridad de aplicación y será el Poder Ejecutivo quien tendrá la competencia para otorgar yacimientos, por ejemplo.
El lunes último, la ministra de Minería, Fernanda Ávila, recibió a representantes de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca para dialogar sobre la reforma al Código de Procedimientos Mineros (Ley 2233), que se elevará próximamente a la Legislatura Provincial.
En la oportunidad estuvieron presentes los ingenieros en Minas Rinaldo Herrera y Sergio Garofoli por el departamento de Ingeniería en Minas, y los licenciados en Geología, Alfredo Marchioli y Elisa Acha, por el Departamento de Geología.
El encuentro fue en el ministerio y se intercambiaron apreciaciones sobre el proyecto que prevé cambios en la legislación vigente desde 1967.
Documento
Los representantes de la UNCA elevaron un documento en el que cuestionaron algunos aspectos que se habían propuestos en el anteproyecto y realizan propuestas para modificar algunos artículos.
En este sentido, plantean algunas objeciones al anteproyecto elevado por el Ejecutivo que, conforme ala respuesta de la ministra Avila, serían consideradas.
Uno de los puntos que se cuestiona es que el Poder Ejecutivo pase a ser la autoridad en materia minera, aunque habría consenso para que sea ejercido por la ministra de Minería y no por el Gobernador.
"Esta pretensión de cambio del actual sistema bilateral y mixto es un retroceso al equilibrio de poder y proceso de contralor entre el organismo técnico y el jurídico", acota.
"El esquema que pretende la reforma nada tiene que ver con un sistema progresista y transformador como lo expone en los fundamentos, solo puede justificarse en la concentración de poder y adquisición de discrecionalidades en un contexto de vulnerable calidad institucional, que dispondrá de tentaciones para la toma decisiones que antepondrán el interés público de la minería", observaron en uno de los puntos.
En otro punto, se cuestiona la propuesta para la distribución automática de las propiedades mineras a favor de CAMYEN.
"No es necesario reflexionar mucho para advertir que ante los ojos de capitales serios, es decir, aquellos comprometidos con la minería sostenible, con políticas de cuidado del medio ambiente, con explotaciones económicamente equitativas, social y legalmente responsables y con procedimientos anticorrupción, el régimen absolutista, que se pretende, no es compatible ni atractivo. Más bien, el sistema que se propone es compatible con capitales especulativos, poco comprometidos con los beneficios socioeconómicos y con los cuidados ambientales", advierten los especialistas.
En ese marco, plantearon la necesidad de realizar varias modificaciones. Además, destacaron que la ministra demostró vocación de diálogo y atención por las propuestas.n