Ocurridos el sábado a la noche

Nueva denuncia por apremios en Tinogasta

miércoles, 16 de septiembre de 2020 · 01:00

Una nueva denuncia por apremios policiales en contra de efectivos de la comisaría de Tinogasta fue radicada ayer en la Fiscalía de esa circunscripción judicial. La presentación fue realizada por Horacio Suárez, periodista y propietario de un complejo de cabañas en Fiambalá. 

En diálogo con este diario explicó que ayer al mediodía dio su versión de los hechos en la sede judicial. 
Se trata de la segunda presentación judicial por el mismo hecho, en el cual cuatro mujeres y dos hombres fueron arrestados y agredidos físicamente por compartir una presunta reunión. 

Resolución de Diputados
Ante el escándalo por los hechos de violencia policial, la Cámara de Diputados de la Provincia resolvió ayer dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, como así también al Ministerio de Seguridad, se arbitren los medios necesarios tendientes a investigar los hechos sucedidos en la comisaría de Tinogasta. 
En el texto al que tuvo acceso El Ancasti se indica además que los hechos fueron denunciados y que tuvo como víctima Horacio Suarez, su hijo y a las demás personas que resultaron agredidas físicamente.

Además, solicitó que el máximo responsable de los Derechos Humanos de la Provincia, una vez individualizados los efectivos que participaron en la repudiable agresión, realice las denuncias pertinentes ante las autoridades judiciales que correspondan.
A su vez, Cecilia Guerrero, presidenta de la Cámara de Diputados (FT), consideró que los derechos humanos son universales, para todas y todos, inmanentes a la condición humana y, por ende, deben respetarse siempre. 

"El Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, debe actuar dentro del marco del estado de derecho, y en cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Rechazamos todo tipo de violencia, también la violencia institucional y cualquier clase de actos discriminatorios o vejatorios de la dignidad de las personas".

"La violación de normas jurídicas siempre debe ser sancionada, tanto respecto a los ciudadanos comunes, como con relación a aquellos que ejercen la representación estatal. La perspectiva en derechos humanos, género y diversidad es un imperativo que debe imbuir la actuación de los poderes del Estado, especialmente cuando se ejerce el monopolio de la fuerza pública", finalizó.

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