A diferencia de lo que ocurrió con la reforma judicial, el oficialismo en la Legislatura tomó la decisión de no apurar la aprobación de la reforma del Estado, que ya se encuentra siendo analizada en la Cámara de Diputados. En ese marco y a pesar de que se especuló con que este proyecto podría ser tratado en la sesión de este miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales (donde está el proyecto siendo debatido), decidió seguir convocando a diferentes actores sociales vinculados a los tres poderes del Estado para que opinen de la iniciativa que fue remitida por el gobernador Raúl Jalil.
La semana pasada se recibió a la CGT y al gremio UPCN, que representa a los empleados públicos de toda la provincia. Para hoy, la comisión que preside el diputado oficialista Augusto Barros llamó al gremio de ATE y al SELEG (Sindicato de Empleados Legislativos), mientras que para la próxima semana invitó al gremio judicial de UEJN (Unión de Empleados judiciales de la Nación). No se descarta que pueda invitar a otra institución ese mismo día.
Una vez concluida la ronda de consultas, el oficialismo (que tiene amplia mayoría en la Comisión) adelantó que se tomará el tiempo que sea necesario para analizar las propuestas de los gremios y recién emitir un despacho. Si se respetan los tiempos (y no se avanza como se hizo con las modificaciones al Poder Judicial) y teniendo en cuenta que los dictámenes tienen 10 días para ser analizados por otros diputados, el proyecto recién podría bajar al recinto dentro de un par de semanas.
La reunión con ATE genera grandes expectativas teniendo en cuenta que el secretario general del gremio, Ricardo Arévalo, ya adelantó que no iba a concurrir al encuentro y que el miércoles, el FUSSI (Frente de Unidad y Solidaridad Sindical) se iba a movilizar a la Legislatura en contra del proyecto y en reclamo de un incremento salarial.
En conferencia de prensa para anunciar la medida y solidarizarse con los precarizados de la Capital que fueron dados de baja por los incidentes con la Policía en el predio de Higiene Urbana, Arévalo, junto con los referentes de los otros gremios que componen la intersindical, había justificado su decisión de no ir al encuentro. "Fuimos convocados en dos o tres oportunidades por el Gobierno y fue una total pérdida de tiempo", manifestó.
"En las reuniones no hemos llegado a ningún acuerdo por las mentiras que nos dijeron. Primero se dijo que se iba a crear una secretaría especial para tratar este tema, después volvieron para atrás", añadió.
Según el gremialista, todos estos anuncios y reuniones solo fueron para "mantenernos distraídos mientras avanzaban con cuestiones como la reforma judicial", dijo.
"Nosotros ya lo dijimos, son unos mentirosos por lo que no les creemos nada y no vamos a ir a ninguna reunión", cerró. Por su parte y en diálogo con "Cae el telón" de Radio Ancasti, el diputado radical Tiago Puente cuestionó el proyecto al afirmar que “no es una reforma del Estado sino una simple reforma laboral en el ámbito de la administración pública”.
En ese marco, consideró que “no es momento de generar incertidumbre en los empleados públicos de la provincia”.
De igual forma, dejó en claro que “mientras pueda haber diálogo y se pueda escuchar a los actores que van a ser los receptores de las leyes, vamos a tratar de que el oficialismo pueda incluir las modificaciones necesarias para avanzar a un despacho único”. “Si no es así avanzaremos con un despacho de minoría”, cerró.
