El expresidente Mauricio Macri y los dos máximos responsables de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron denunciados por presuntas irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructuras por la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, quien también pidió que sean citados a declaración indagatoria.
La nueva denuncia por parte de la AFI cayó por sorteo en el juzgado federal 6 que, desde la semana pasada, está a cargo del juez federal Julián Ercolini luego de que el magistrado Rodolfo Canicoba Corral presente su renuncia para jubilarse.
Caamaño denunció a Macri, Arribas, Majdalani y a los exfuncionarios del organismo Juan José Gallea y Javier Peire por supuesta administración fraudulenta, defraudación, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras cosas, porque una serie de elementos que supuestamente fueron comprados para la sede del organismo "no coinciden con los que actualmente se encuentran en el edificio".
La denuncia alude a presuntas contrataciones irregulares que se habrían apartado "de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes", según informó la AFI en un comunicado.
Estas acusaciones contra Arribas y Majdalani se suma a las causas que investigan diversas situaciones de espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos por parte de la AFI durante su gestión, tales como a periodistas, empresarios y organizaciones que iban a participar de la cumbre del G20 que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en 2018, y el seguimiento realizado sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Recoleta también en ese año, por lo cual los exfuncionarios fueron procesados.
Uno de los hechos denunciados es la contratación directa entre agosto y octubre de 2016 de dos empresas para remodelar el quinto piso de la sede central de la Agencia, la oficina donde funciona su Dirección General.
Por esa obra, según la denuncia, se pagaron 10.599.239 pesos, que al cambio de ese momento equivalieron a 706.616 dólares, precisó el comunicado.
"Gran parte de los materiales que figuran en el pliego y que fueron abonados con fondos públicos no coinciden con los que actualmente se encuentran en el edificio", se detalló.
Además, se denunció la contratación directa de una firma para la provisión e instalación de un mástil en noviembre de 2016, por 106.855,10 dólares.
