Luego de una larga ausencia por la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández volvió ayer a protagonizar un anuncio en Casa Rosada, respaldado por los 11 integrantes del Consejo de expertos que le propondrán cambios para "mejorar" el funcionamiento de la Corte Suprema, que tuvo como única representante a Elena Highton.
El anuncio, que comenzó a las 16.40 y se extendió por casi 30 minutos, tuvo entre sus principales ausencias a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dos de las mujeres a las que más consultó el Jefe de Estado para diseñar el proyecto de ley. Fuentes cercanas al Presidente afirmaron a NA que la exmandataria "fue invitada" a la presentación, pero "por algún motivo decidió no asistir", y aclararon que Vilma Ibarra "estaba trabajando" mientras transcurría el anuncio presidencial. Tras el anuncio, Alberto Fernández se reunió en su despacho durante más de una hora con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la vicepresidenta de la Corte Suprema, Highton, y los 11 integrantes de la Comisión que "analizará los distintos temas que tiene que ver con el funcionamiento de la Justicia", entre ellos una posible ampliación a la Corte Suprema de Justicia. Según indicaron fuentes oficiales, la Comisión tendrá como "coordinador" al abogado Fabián Musso, del estudio jurídico de la familia del exprocurador general Esteban Righi, y estará conformada por León Carlos Arslanian, Enrique Bacigalupo, Inés Weinberg de Roca, Marisa Herrera, Raúl Gustavo Ferreyra, Omar Palermo, María del Carmen Battaini, Hilda Kogan, Andrés Gil Domínguez, Claudia Beatriz Sbdar, y Carlos Alberto Beraldi.
Sin oposición
Ante la consulta de Noticias Argentinas sobre la ausencia de los referentes de Juntos por el Cambio, las mismas fuentes respondieron: "Muchos se excusaron muy amablemente más allá del comunicado. Algunos jefes de bloque iban a venir antes de que se diera a conocer el comunicado". El único referente de la oposición presente fue el diputado por Mendoza José Luis Ramón.
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, afirmó ayer que es "una pena" que referentes de Juntos por el Cambio "no hayan acompañado" la presentación del proyecto de reforma judicial.
"Habría que preguntarle al Presidente (Alberto Fernández). Es una pena que no hayan acompañado, pero esto es una democracia. Fue un acto que se hizo para presentar el proyecto", enfatizó Losardo en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA.
En ese marco, la ministra de Justicia defendió la designación del abogado Carlos Beraldi en la comisión que asesorará al Gobierno en la ampliación a la Corte Suprema de Justicia, y dijo que no tiene nada "que ver" que sea el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "La verdad que si pensar que porque es el abogado de Cristina no puede integrar una Comisión una persona tan altamente capacitada y ética, no sé… Es el abogado de Cristina, pero va a asesorar al Presidente con cuestiones que tiene que ver con su reconocimiento", enfatizó Losardo.
En sintonía, resaltó: "También está la doctora (Inés) Weimberg (de Roca) y podríamos decir que es macrista, ¿qué tiene que ver? Alguna vez tenemos que pensar diferente, tenemos que despojarnos de estas cuestiones que no nos dejan avanzar y lo único que hacemos es mancillar las buenas ideas".
Además, la ministra de Justicia indicó que "la subrogancia (de jueces) viene de un listado de la Cámara de Casación de los jueces que quieran subrogar". "Se hace el listado y se va a presentar en el Consejo de la Magistratura, y el Consejo va a evaluar a los aspirantes. Luego va a pasar al Poder Ejecutivo para que pase luego al Senado. Se va a respetar todo lo que es el proceso de selección y que sea transparente", resaltó.
Por último, indicó que "los jueces que van a subrogar podrán estar subrogando un año, y por una excepción se podrá extender 6 meses más".
Propuesta
Entre otras cuestiones, el proyecto propone que el sistema de subrogancias esté a cargo de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación, que deberán dar su acuerdo para quienes resulten subrogantes.
Se prevé la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema.
Además, el proyecto propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio. Al mismo tiempo, propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.
