jueves 21 de marzo de 2024
Análisis

La reforma del Estado: una visión desde la economía política

Por Marcelo Altamirano (*) - Especial para El Ancasti

Por Redacción El Ancasti

Desde hace un tiempo se habla en nuestra provincia de la reforma del Estado; periodistas y funcionarios acuerdan que de eso se trata y hasta se ha creado una Secretaría a tal fin.

No son terrenos de mi experticia el de la semántica periodística en búsqueda de algún título convocante, ni el de la política partidaria en búsqueda de posicionamiento post pandémico, ambas discusiones saludables para la democracia, pero a mi parecer demasiado exageradas.

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  • Una mirada desde la economía política, como aporte, como reflexión sin demasiadas pretensiones, apunta a bajar un poco las expectativas.

    Arrancando desde la definición lisa y llana del Estado como organización política independiente y agregando un poco de Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, etc., para introducir la soberanía, el contrato social y otras cuestiones, tendríamos el contexto en el que creo se deben conversar estas cosas.

    Ser objeto de discusión al menos en la academia, por si en algún momento a algún funcionario se le ocurre pedir una opinión a las diversas organizaciones de la sociedad civil, como parte interesada en los destinos de la provincia.

    Digo, capaz coinciden que el Estado es el resultado institucional del contrato social y no un concepto de pragmatismo puro, deben saber, creo, que los estados se reforman a sí mismos por medio del abandono del control sobre una variedad de instrumentos políticos y por la reducción de su participación en la asignación de los recursos. Esta advertencia es a un “ya visto” (deja vu para los poíiglotas) de los años noventa, solo eso.

    Va la pregunta: ¿Los Estados subnacionales en Argentina son soberanos? Cuando solo pueden cobrar algunos impuestos, no pueden emitir moneda, no pueden (o no saben) generar estadísticas propias, no tienen desarrollado un sistema científico tecnológico propio, un altísimo porcentaje del gasto público se explica por el gasto en personal, tres a lo sumo cuatro provincias concentran más del 70% del PBI, la coparticipación representa más del 80% de sus ingresos.

    En una apretada síntesis, la mayoría de los Estados subnacionales son solo administradores de las políticas públicas del Estado nacional, eso es un dato y no un juicio de valor, el margen o los grados de libertad para el desarrollo de políticas públicas propias es a todas luces muy pequeño.

    Tengo la sensación de que la repuesta a la pregunta sobre la condición soberana de las provincias es que NO lo son, aún en el caso de las provincias centrales, no son soberanas o independientes, no son estados, son administraciones provinciales del Estado Nacional.

    “Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca y si al alma su hiel toca esconderla es necedad” diría Paco Ibáñez cantando el poema de Francisco de Quevedo.

    Quede claro que esta idea, no minimiza la importancia de lo que pueda pretender hacer el gobierno, tanto en intención como en efectos, solo es poner al relato en un punto menos rimbombante: no se trata de reforma del estado.

    De qué trata entonces la intención de reforma administrativa del gobierno (ejecutivo y legislativo) en Catamarca, una lista tentativa sería (seguro habrá otras más):

    1.    Que haya un solo organismo recaudador.
    2.    Que no existan los organismos autárquicos (incorporándolos a ministerios o suprimiéndolos).
    3.    Que las regalías mineras sean administradas por la provincia
    4.    Que cambien las reglas de la coparticipación municipal
    5.    Que Capresca tenga otro rol
    6.    Que se redistribuya el personal.
    7.    Que los intendentes controlen a los empleados provinciales de sus distritos
    8.    Que se insista con la formación de SAPEMs

    Las primeras cuatro son cuestiones pragmáticas de caja y con algún impacto sobre las asimetrías de los organismos involucrados. Parece un serio ataque a los quioscos de la política mediante la concentración de las decisiones presupuestarias.

    Luego, una tenue idea productiva, una de intento de coordinación y la idea central de rediseño de la política de recursos humanos mostrado como un simple ajuste de la planta de personal.

    El gasto público en sueldos y salarios representa casi el 90% de los gastos corrientes y es lógico que sea sometido a consideración central en cualquier reforma administrativa y será motivo de un análisis en profundidad, más adelante.

    Quedarán también, para un abordaje posterior, muchos aspectos tales como la capacidad de la burocracia, el tipo de régimen de funcionamiento, el sistema partidario y el ciclo electoral, como aspectos importantes en cualquier intento de reforma administrativa.

    (*) Licenciado en Economía- Docente e investigador de la UNCA.
     

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