El gobernador Raúl Jalil anticipó en Capayán que aspiraba a revisar el rol del ENRE al argumentar que ya no tiene sentido su continuidad porque las empresas de servicios están en manos del Estado. Fuentes del Gobierno confirmaron que la intención es que Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, asuma la atención de los reclamos del público, vinculados con las empresas de servicios de luz y agua.
Según trascendió, el ENRE tiene 11 empleados con contrato de servicio, unos 40 en planta permanente y una planta de funcionarios que no supera las 10 personas. La intención del Gobierno es reubicar al personal en áreas como Seguridad y Salud y a los profesionales en Defensa del Consumidor o también en el Poder Judicial.
El edificio que el organismo tiene en Sarmiento y Mota Botello se destinaría, por ejemplo, al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial que planteó la necesidad de espacio físico.
La disolución del ENRE ya se discutió hace algunos años atrás. En 2012, al inicio de la gestión de la exgobernadora Lucía Corpacci, se había generado una gran polémica cuando el exministro de Servicios Públicos Julio César Molina y diputados del peronismo consideraban que había desaparecido la razón de existir del ENRE. El debate en el oficialismo era la intervención del organismo, tal como lo proponía el ministro de Servicios Públicos Julio Molina o la eliminación, un planteo cuya voz cantante era la del exdiputado Jorge Moreno, actual ministro de Gobierno. El planteo político era que el ENRE, por aquel entonces, estaba a cargo de tres dirigentes que venían del FCS: Augusto César Acuña, Luis Lobo Vergara y Rosa Mabel Sarquís.
A fines de 2015 se produce la salida de Luis Lobo Vergara (FCS) para asumir en la Cámara de Diputados. Esto le permitió al Gobierno designar a uno de los suyos y en agosto de 2016 asumió el abogado Miguel Dahbar en el organismo de control.
El organismo había perdido algunas facultades en el control que las fue recuperando con el paso del tiempo, cuando asumió algunas posturas clave en defensa de políticas aplicadas por la EC SAPEM.
Ahora, el gobernador Jalil vuelve a actualizar el debate, pero desde ya se advierte que no será fácil. Uno de los escollos principales es que los miembros del directorio solo pueden ser removidos de su cargo por juicio político.
La otra situación es que para eliminar el ENRE se deberán modificar otras leyes, como la ley de Energía, la ley de creación del organismo y los contratos de concesión con las empresas EC SAPEM y Aguas de Catamarca SAPEM.
