La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Rita Ailán, rechazó una acción de amparo presentada por un grupo de abogados porteños que pedía la inconstitucionalidad del decreto firmado en septiembre por Alberto Fernández, que avanzó con una quita a la Ciudad de Buenos Aires de 1,18 por ciento de la coparticipación que recibe del Estado Nacional. Ahora el Gobierno se apoya en los gobernadores para darle una señal a la Corte Suprema de Justicia.
Según informó el diario Clarín, la demanda, iniciada por miembros de la agrupación “Profesores Republicanos”, entre quienes se cuentan Guillermo Mizraji y Daniel Sabsay, cursaba en paralelo y sin vínculo con el reclamo que hizo ante la Corte Suprema de Justicia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero podía complicar los planes del Gobierno.
La presentación buscaba que se interpusiera una medida cautelar para lograr la suspensión del decreto 735/2020 y, en efecto, que no se hiciera ninguna detracción a los fondos de la de la Ciudad. Al ser abogados independientes a la Jefatura de Gobierno porteño, plantearon que, como vecinos de la Ciudad, se veían afectados sus derechos a la seguridad individual y colectiva, y que estos serían afectados por el decreto que recortó de 3,5 a 2,32% los fondos.
Al decreto de Fernández, no obstante, se sumó la ley que aprobó el Congreso recientemente, que establece un período de negociación de 60 días entre los Gobiernos nacional y de la Ciudad para acordar el monto (la Casa Rosada quería fijarlo en 24.500 millones de pesos) y la actualización que se destinará anualmente para la policía porteña.
Esa norma, que también la Ciudad busca frenar en la Justicia, fue impulsada por el Gobierno en acuerdo con los gobernadores para robustecer el Consenso Fiscal, firmado el 4 de diciembre por el Presidente de la Nación con los mandatarios, excepto Rodríguez Larreta.
Allí, se acordó “que la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en la Constitución Nacional, no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos previsto en la Ley N° 23.548 (de Coparticipación)”.
Esta cláusula fue decisiva para que el jefe de Gobierno porteño no firmara el Consenso Fiscal y fue el mensaje político que Alberto F ernandez y los gobernadores se propusieron enviarle a la Corte antes de que se pronuncie sobre la cuestión de fondo: que el régimen de coparticipación no debió ser el mecanismo usado por Mauricio Macri para compensar a la Ciudad cuando le transfirió la Policía Federal.
En el Gobierno nacional apuntan que el desfasaje y el supuesto excedente se originó no sólo por un cálculo deficiente del costo del funcionamiento de la fuerza de seguridad, sino por aumentar de 1,4 a 3,5% la coparticipación.
