Días pasados se informó que el Gobierno reanudó las reuniones con representantes del Consejo Político, Económico y Social (COPES) para seguir con el análisis del proyecto de Reforma del Estado.
Reforma del Estado: "Quieren llevar el debate a un ámbito afín"
El diputado Víctor Luna consideró “muy llamativo que el gobierno reflote como tema central de la agenda pública la mentada reforma del Estado, en momentos en que las condiciones extraordinarias de emergencia sanitaria están requiriendo respuestas y soluciones a los reclamos y demandas de los distintos sectores de la sociedad”.
En ese marco, no descartó que, con ese contexto adverso, se trate de “una maniobra distractiva para desviar la atención de la opinión pública de los graves problemas internos y de gestión que el Gobierno no puede resolver”.
Luna relativizó el proyecto presentado como reforma del Estado al señalar que éste “apenas consta de 24 artículos, es un simple compendio de modificaciones al régimen laboral en la administración pública; es un maquillaje o retoque al funcionamiento del sector público, de hecho su denominación formal lo dice todo: Reforma Funcional de la Administración Pública”, consideró.
Luna consideró que una reforma del Estado debe ser “una propuesta amplia, integral, abarcativa; no es una cuestión menor que se puede hacer de un día para otro, más aún en provincias como la nuestra donde todo –incluyendo la actividad privada, comercial, industrial y económica- gira alrededor del Estado”.
Agregó que no visualiza que el Gobierno confiera “la entidad que corresponde y la seriedad necesaria en el abordaje y tratamiento de un tema que debe trascender los gobiernos y en el que se debe diseñar el marco institucional y las políticas públicas destinadas al desarrollo económico y social”.
Al respecto, recordó que el Ejecutivo “envió el proyecto a la Cámara de Diputados, donde se le dio ingreso formal y fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, adonde comenzamos el análisis con la participación de los gremios, incluida la CGT-Catamarca, pero de la noche a la mañana el Ejecutivo anunció que el debate se trasladaba al Consejo Político, Económico y Social”.
“Una falta total de respeto, primero a la Cámara de Diputados y, segundo a la propia comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo presidente, el diputado Augusto Barros, es uno de los principales voceros del Gobierno, comisión que además tiene mayoría y es controlada por el propio oficialismo”, analizó.
Aseveró que “nunca más se abordó el tema en la comisión, pero tampoco el proyecto fue retirado por el Ejecutivo como estipula el propio reglamento interno".