El titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración, Facundo Barros, solicitó al juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, que dé apertura a la investigación jurisdiccional sobre la diputada provincial Natalia Saseta para determinar si es que existen elementos para que prospere un pedido de desafuero contra la legisladora.
Saseta fue denunciada por “extorsión y amenazas” por un exempleado de la Cámara de Diputados llamado Gustavo Acosta, quien afirmó que durante el tiempo que trabajó en la Legislatura en la oficina de Saseta, la diputada le exigía que le diera parte de su sueldo.
Los montos que le solicitaba la diputada al empleado, según la denuncia, eran de entre $10.000 y $27.000 (cuando cobró un retroactivo de su salario) mensuales (por mes cobraba $31.000).
Saseta se defendió de la acusación, al señalar que en realidad es ella la víctima de una extorsión. En ese marco, se presentó en forma espontánea en la Justicia y afirmó que la presentación en su contra es porque es una víctima de extorsión, ya que le pedían $ 200 mil para evitar la exposición mediática.
La investigación jurisdiccional está prevista en el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia y alcanza a “un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político, enjuiciamiento o juicio de destitución”.
En el marco de esta norma, el juez de Control de Garantías deberá llevar adelante “una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado”. En el caso de que la investigación dictamine que hay elementos suficientes, el magistrado debe elevar el pedido de desafuero a la Legislatura y, en el caso de Saseta, será la Cámara de Diputados quien resolverá si corresponde o no avanzar con la expulsión.