19 de noviembre de 2020 - 01:08 Por Redacción El Ancasti La Cámara de Diputados rechazó el inicio del juicio político contra los miembros de la Corte de Justicia José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto. El bloque del Frente de Todos junto con la diputada Marina Andrada (Consenso Federal) logró 24 votos pero no alcanzó la mayoría calificada de 27 necesaria para iniciar el proceso. El interbloque de Juntos por el Cambio junto con el diputado Hugo Ávila (Frente de Unidad Ciudadana) sumó 17 votos. Con esta decisión se archiva el pedido, que había sido iniciado por el abogado Eduardo Andrada en agosto de 2018.
La presentación de Andrada señalaba que la continuidad en el cargo de ambos representa una violación a los artículos de la Constitución provincial, que impiden que los jubilados puedan continuar en el ejercicio de la función pública.
La sesión fue mixta. Algunos diputados estuvieron en el recinto y otros la siguieron desde la virtual. Apenas se inició, se rechazó la recusación contra el diputado Augusto Barros que había interpuesto Cáceres.
El magistrado había justificado su planteo al sostener que el legislador del Frente de Todos "carece de la integridad necesaria para juzgar a un juez de la Corte de Justicia de esta provincia". En este caso, el bloque de la UCR se abstuvo en la votación y el resto de los bloques votaron por rechazarlo.
Al iniciar el debate, la diputada Cecilia Guerrero argumentó extensamente a favor de iniciar el trámite de juicio político. "Las designaciones de estos jueces son actos que resultan lesivos del orden público constitucional. Se estaba incumpliendo palmariamente la prescripción del artículo 168 de la Constitución”, manifestó la presidenta de la Cámara baja.
“La inamovilidad de los jueces no resulta una garantía de perpetuidad ni puede ser considerada como ejercicio vitalicio. No puede considerarse inamovible si superan la edad de 65 años. Esto tiene que quedar claro, porque ese límite etario ha sido superado”, añadió. Puntualizó que se superó también el límite que fija la Constitución Nacional de 75 años.
Luego se refirió a las sentencias judiciales que favorecieron al procurador Enrique Lilljedahl y a los jueces Cáceres y Sesto de Leiva al considerar que fue un entramado organizado para perpetuarse en los cargos. “El leading case lo constituyó un fallo que favoreció al procurador Enrique Lilljedahl”, recordó, y también que Cáceres y Sesto conformaron ese tribunal que declaró la inconstitucionalidad del artículo 195 de la Constitución, que fija que los magistrados son inamovibles en los cargos hasta cumplir los 65 años.
“Fueron quienes habían sentado jurisprudencia amañada y luego inician sus demandas y en esa causa interviene Lilljedahl y declara la inconstitucionalidad de una norma”, recordó. La ausencia de imparcialidad y el interés en el resultado del proceso quedó evidenciado groseramente en esta suerte de entramado en beneficio de los miembros de la corporación judicial”, añadió.
La oposición tenía dos dictámenes en el mismo sentido: rechazar el pedido de juicio político. Uno era del diputado Víctor Luna, con el acompañamiento del exdiputado Jorge Sosa, y otro de Francisco Monti. En el recinto, el primero recordó que el artículo 195 de la Constitución Provincial fue declarado inconstitucional en distintas instancias y es “cosa juzgada”.
“Fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego hubo otras declaraciones similares y tienen sentencia firme porque no fue apelado”, expresó. “Dichas declaraciones cuentan con la presunción absoluta de verdad ya que todos los hechos fueron constatados y reconocidos por sentencia”, sostuvo.
A su turno, Monti consideró que "hubo un proceso de desgaste de los magistrados que se enmarca en un proceso de coptación del Poder Judicial por parte del justicialismo tanto en la gestión de Corpacci como en la de Jalil".
"En todo caso, procedan, Presidenta, y denunciénlos penalmente, pero asumir nosotros facultades del Poder Judicial significaría incurrir en un papelón sin precedentes", añadió.
En igual sentido, argumentó que las sentencias por las cuales se declaró inconstitucional el artículo 195 de nuestra Carta Magna “fueron consentidas por Fiscalía de Estado y los recursos de queja no se presentaron ante la Suprema Corte de la Nación. Ésa es una explicación que debería dar el gobierno de Lucía Corpacci. Mal puede el Poder Legislativo hacer un análisis de la sentencia judicial y hacer un nuevo juzgamiento".
Tras la fundamentación de los autores de los despachos comenzó el debate político con algunos momentos álgidos.
La diputada Marita Colombo pidió que se aclare el incidente por el que se perdió un escrito que José Cáceres había presentado a la Cámara baja en el ejercicio de su defensa. "¿Cómo es posible que no se haya garantizado el derecho de la defensa?", preguntó.
Evaluó que el proceso de juicio político “no buscó justicia y no interesó el daño moral que se les causó a los jueces y el daño orgánico que se le generó al Poder Judicial de la provincia”.
"Es un pedido de juicio político infundado; se los juzga por la edad, porque son grandes", añadió
El diputado Augusto Barros aclaró que el proceso continuaba en la Cámara alta, “donde el Senado debe correr vista para la legítima defensa”.
El diputado Daniel Lavatelli tuvo una intervención polémica. "Existe una notable violación de la Constitución por parte de estos jueces. Parece que la palabra violación persigue al interbloque de la oposición y saben por qué", dijo en alusión a la situación con el intendente Enrique Aybar, lo que generó el malestar del bloque opositor.
"En el bloque de la oposición, en su mayoría, son celestes y están dispuestos a defender a sus socios judiciales. La oposición sabe de la ilegalidad, pero le deben (a los jueces) gran cantidad de favores, permitieron que se mantengan en el poder", añadió.
"Cáceres es un títere de Oscar Castillo", añadió e invitó a la oposición que reconozca que el senador nacional tiene una alianza estratégica con el Gobernador.
Desde Saujil, el diputado José Sosa le respondió que no podía hacerse cargo de los celos en el oficialismo. "Reconozcan que al gobernador Jalil le gusta más ir a Ipizca a charlar que sentarse con la exgobernadora Lucía Corpacci", ironizó.
Finalmente, Guerrero puso a votación el pedido de Andrada tras siete horas de intenso debate. El oficialismo perdió la discusión de un tema que evitaba tratar desde hace dos años.
Media sanción para la responsabilidad fiscal
La Cámara de Diputados le dio ayer media sanción a un proyecto que había sido solicitado por el Gobierno: el régimen de responsabilidad fiscal para los municipios. La oposición no acompañó el proyecto.
Con el Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal, los gobiernos municipales se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público municipal respecto a la población proyectada para cada municipio, estableciendo también que las partidas destinadas a atender el pago de las retribuciones del personal, no podrá superar el 65% del presupuesto anual.
El diputado Francisco Monti planteó que hay situaciones de inequidad porque hay municipios que son beneficiados con aportes extras y por lo tanto no deberían tener déficit fiscal.
Consideró que algunas de las pautas establecidas en la normativa ya estaban incluidas en otro régimen anterior. En este sentido consideró que falta “eficiencia de la administración central en relación con la rigurosidad que se tiene que aplicar la normativa de responsabilidad fiscal”.
Aredes rescató que la “ley que ratifica el consenso fiscal municipal solo establece lineamientos para una futura ley de responsabilidad fiscal y esa ley es ésta”.
