La Municipalidad de la Capital informó que se detectaron situaciones irregulares en el cobro de subsidios otorgados por la comuna para asistir a vecinos con diversas urgencias, al recibir información de que personas inescrupulosas, haciéndose pasar por gestores o intermediarios, les quitaban parte del dinero otorgado a los beneficiarios de la ayuda. Hasta ahora se habría descubierto el caso de cuatro o cinco intermediarios que realizaban el pedido de asistencia para un centenar de personas cada uno.
Ante esta situación, se abrió una investigación interna para identificar a las personas que, tratando de oficiar de “punteros” barriales, abusan de la buena fe de otros vecinos y reclaman supuestos porcentajes para obtener un rédito ilegítimo".
Según informó el municipio, el intendente capitalino, Gustavo Saadi, ordenó que se revisen todas las actuaciones y si es necesario se avance con las acciones penales correspondientes, ya que “bajo ningún punto de vista vamos a tolerar que se lucre con las necesidades de los vecinos”.
Paralelamente, se redefinirán los trámites de entrega de subsidios desde la Municipalidad, para cerrar toda posibilidad de que alguien interfiera en un procedimiento "esencialmente solidario".
El secretario de Salud y Desarrollo Humano, Alberto Natella, explicó que la operatoria ya estaba vigente en el municipio, pero se podría haber tergiversado en los últimos meses de año pasado. Consideró que se trata de "pícaros" que reúnen la documentación de los beneficiarios (DNI o historias clínicas) y solicitan algún tipo de subsidio para una determinada cantidad de personas. Presentan la documentación en la comuna y, cuando se autorizaba, el beneficiario cobraba en Tesorería, pero después el supuesto gestor le solicitaba un determinado porcentaje por haber iniciado el trámite.
Según comentó, hasta ahora se descubrió la actuación de "cuatro o cinco manipuladores" que gestionaban para 80 o 90 personas cada uno. La intervención del municipio se pudo concretar a partir del testimonio de los beneficiarios que expresaron su malestar por esas prácticas fraudulentas.
Natella planteó, además, que se analiza cambiar la metodología para otorgar la ayuda social de tal forma que los más excluidos no sean víctimas de personas inescrupulosas. Una posibilidad es bancarizarla..
Por ahora, la asistencia social continúa vigente.Lo que se suspende es la intervención de los gestores que actuaban desde el año pasado.
Un precedente
A fines de julio del año pasado, el juez federal Miguel Ángel Contreras dictó el procesamiento contra tres integrantes de la agrupación política “Martín Fierro” por el delito de “estafa a la Administración Pública en la modalidad de administración fraudulenta”, a partir de la denuncia realizada por el ex gerente de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación Mariano Manzi. Concretamente, el magistrado consideró que existían elementos de prueba que demostraban que Ricardo Rodríguez, como presidente, junto con Dora Guerrero y Orlando Elieser Paredes, se quedaban con parte del dinero que percibía un grupo de personas en concepto de planes de asistencia social.
La denuncia fue realizada por Manzi a fines de 2017, luego de que el propio Rodríguez afirmara a El Ancasti que los afiliados de su agrupación realizaban un “aporte partidario voluntario”.n
