domingo 22 de noviembre de 2026
Ataque al chofer de Uber

"Borgogno quiere la reparación económica, prioriza eso"

Mencionaron que procura eso antes que el “castigo penal” de los taxistas imputados por la golpiza ocurrida en 2024.

Desde la querella señalaron que Christian Alejandro Borgogno, el chofer de Uber que fue patoteado por varios taxistas, prioriza obtener una reparación económica por el hecho que lo tuvo como víctima antes que el “castigo penal” de los acusados. Así lo mencionó su abogado, Sebastián Ibáñez, quien lo representa en la querella. “Nuestro patrocinado lo que quiere es la reparación económica más que todo, prioriza eso y no tanto el castigo penal de los imputados”, aseguró Ibáñez, en diálogo con la prensa. También hizo énfasis en que a Borgogno “lo lesionaron gravemente”.

La causa fue investigada por fiscal de Instrucción N° 6 del Distrito Oeste, Facundo Barros Jorrat. Según la investigación, el 1 de marzo de 2024, alrededor de las 11, en la esquina de Río del Valle y Avenida Illia, en la ciudad Capital, Borgogno se encontraba detenido cuando se presentó Carlos Alberto Gualquifil, quien comenzó a increparlo. En ese momento, se detuvo un Ford Focus blanco sobre Avenida Illia, del que descendieron Ramón Alejandro Vielmetti, César Gustavo Navarro, Walter Jesús Cannata y el propietario del vehículo, Federico Gabriel Salguero, todos choferes de taxis o remises.

Tras cruzar la avenida, los sujetos increparon nuevamente a Borgogno y lograron que cayera al suelo. De acuerdo con la acusación, Gualquifil le aplicó golpes de puño en la cabeza; Cannata le propinó una patada en la zona dorsal; Salguero le aplicó una patada en la región de las caderas; y finalmente, Gualquifil completó la agresión con otra patada en la espalda y un golpe de puño en el rostro, que le ocasionaron lesiones, de acuerdo con la información que brindó la Fiscalía. Durante el episodio y en el contexto de la agresión, Ramón Alejandro Vielmetti se apoderó ilegítimamente de un reloj Garmin Fénix 3HR, retirándose luego del lugar con el objeto en su poder.

El caso tuvo fuerte repercusión porque un ocasional transeúnte registró el ataque en videos que luego se viralizaron a través de las redes sociales. En los videos se observaron los golpes que sufrió la víctima.

Por este hecho, el fiscal imputó a Federico Gabriel Salguero, Walter Jesús Cannata y Carlos Alberto Gualquifil la supuesta comisión del delito de “lesiones leves”, en calidad de coautores. En tanto, a Ramón Alejandro Vielmetti se lo acusó por el delito de “hurto calamitoso”, en calidad de autor. Luego, los envió a juicio. Ante esta situación, la defensa de Salguero, ejercida por el abogado Luciano Rojas, se opuso a la elevación a juicio de la causa. Después de esta instancia, el juez de Control de Garantías N° 1, Jonathan Felsztyna, rechazó el planteo opositor y decidió que el caso llegue a debate. Tras la resolución de Felsztyna, la defensa de Salguero presentó el recurso de apelación. De esta manera, el expediente giró a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Ahí se definirá, en principio, si los taxistas irán a juicio o no por el ataque a Borgogno.

El veredicto del Tribunal de Apelaciones puede no ser definitivo puesto que, ante un eventual rechazo, la defensa tendrá la posibilidad llevar el mismo planteo de oposición al juicio a la Corte de Justicia. Ibáñez remarcó que solicitarán al Tribunal de Apelaciones que ordene realizar pronto la audiencia correspondiente. “Vamos a pedir que esa audiencia se haga rápidamente porque estamos muy cerca de la prescripción. Como el fiscal bajó la calificación a los agresores de lesiones graves a lesiones leves, puede prescribir el año que viene. Seguramente es a lo que está apostando la defensa”, consideró.

Pruebas

Los elementos de prueba reunidos en el expediente -entre ellos actas de procedimiento e inspección ocular, la denuncia de la víctima, exámenes médicos y forenses, múltiples testimonios presenciales, actuaciones policiales, historia clínica, actas de secuestro, antecedentes de los imputados, informes socioambientales, pericias psiquiátricas, informes técnicos, pericia informática, planimetría y documentación fotográfica- permitieron al fiscal tener por acreditado el hecho investigado con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) oportunamente. Con esa base formuló las imputaciones correspondientes.

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