La resolución es del juez adet caldelari

Cuestionan la participación de la Justicia en reclamos municipales

Un fallo objeta la criminalización de la protesta social en Recreo y pide que el Ejecutivo y el gremio de ATE busquen la paz social.
domingo, 26 de enero de 2020 · 01:10

El juez civil, Comercial y de Familia Fernando Luis AdetCaldelari consideró que la Justicia federal es la que debe intervenir frente a los cortes de la ruta nacional Nº 157  que impulsó el gremio de ATE frente a las cesantías en el municipio. Al margen de fijar la competencia, el magistrado exhortó al Poder Ejecutivo y al gremio a abrir una instancia de diálogo para lograr la paz social. En este sentido se mostró crítico de las decisiones políticas que luego se judicializan.  

La causa se inició porque personal policial de la Comisaría Departamental de Recreo había iniciado actuaciones de oficio por el corte de la ruta nacional Nº 157 en el marco de la protesta que iniciaron los trabajadores de la Municipalidad de Recreo ante las cesantías  que ordenó el intendente Luis Polti. Los hechos a los que se refiere la resolución judicial ocurrieron  el 2 de enero cuando el gremio de ATE impulsó  el corte en la ruta nacional, a la altura de la fábrica ARCOR.

En ese momento,  la policía  notifica verbalmente  a los manifestantes que podía  tratarse de  un “delito contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación".  Los municipales decidieron continuar la medida y se puso en conocimiento a la Fiscalía de Instrucción Penal de 6ta Circunscripción judicial, a cargo de Jorgelina Sobh.  La fiscalía pidió más informes por el  corte, se declaró incompetente y pidió que se gire la causa a la Justicia Federal de Catamarca.

Intervino luego el juez en feria Fernando Adet Caldelari, ante el pedido de la fiscal y se pronunció en el mismo sentido, pero además analizó la situación que se vive en el municipio de  Recreo. 

En la fundamentación consideró, en primer lugar,  que las actuaciones ante la Justicia provincial son innecesarias y luego opinó que la Justicia no debería atender los problemas que se generan por decisiones políticas. "Esto se hubiese evitado si con la sola instrucción a la policía provincial que comunique los hechos al juzgado federal de esta provincia; y hasta que reciba las directivas correspondientes de ese juzgado, toman las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes de tránsito o agresiones entre conductores y manifestantes siendo estas cuestiones ajenas al poder judicial,  y propias del ejercicio del poder  de policía propio  de los órganos dependiente de los poderes ejecutivo. Todo esto máxime si se tiene en cuenta la reiterada jurisprudencia que se determinó que en las rutas nacionales interviene competencia federal en razón de materia", expresó. 

"En segundo lugar respecto de los hechos concretos, corresponde destacar que iniciar este tipo de actuaciones implica por parte del Poder Judicial una respuesta doblemente inadecuada pues  criminaliza la protesta social lo cual conlleva un uso excesivo, exorbitante e injustificado del poder punitivo del Estado y pretende con la ley  penal  encontrar o darle una solución a un problema eminentemente político y social generado en este caso  por la acción arbitraria del municipio, y la falta de habilitación de canales institucionales en el ámbito de los poderes competentes para tratar los reclamos de políticos y sociales.

Más adelante defiende el derecho de los trabajadores a reclamar por su fuente laboral. "El derecho a la protesta pública  y de peticionar a las autoridades   no puede ser nunca tipificado penalmente cuando los manifestantes tanto buscan ser recibidos y oídos por las autoridades, y que los canales institucionales funcionen y les den una respuesta. En relación a esto corresponde contextualizar la situación  social de quienes reclaman, pues personas venían desempeñándose  como empleados municipales con sueldos  muy bajos y esto le priva repentina, inesperada y arbitrariamente de la fuente principal de ingresos comprometiendo su supervivencia y condiciones  de vida", añade.

"La baja, desafectación o despidos de más de doscientos empleados o agentes municipales en forma inmediata al cambio de Gobierno y signo político pareciera estar solo justificada en cuestiones de índole política o ideológica; máxime si se tiene en cuenta casos de personas que se desempeñaban desde hace 3, 4, 5 o incluso 7 años como empleados municipales. Lo cual se encuadraría expresamente en lo prohibido y penado  por la ley 23. 592 o ley antidiscriminación", sostuvo. 

Por último, se refirió a la jurisprudencia que avala a los agentes municipales. Y  en la resolución dictó la incompentencia de la Justicia provincial  y exhorta al Poder Ejecutivo  Municipal y al  gremio de ATE a retomar la vía del diálogo para lograr la paz social. n

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