El juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa de los cuadernos, imputada como "jefa de una asociación ilícita" que, según indicó, se benefició de un sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de empresarios. En este sentido, volvió a insistir en el pedido de desafuero de la actual senadora. Además, sobreseyó al diputado Máximo Kirchner así como a otros dirigentes de La Cámpora.
En su resolución, el juez da por probados 32 hechos de sobornos y recordó que la ex mandataria tiene prisión preventiva "fatalmente firme" por haber sido confirmada en instancias superiores. "La nombrada será elevada a juicio por hechos de corrupción cometidos mientras ocupaba el cargo máximo del Poder Ejecutivo Nacional, sus consecuencias se extienden a la sociedad en general ante el grave perjuicio millonario ocasionado", evaluó el juez.
"Los delitos pudieron realizarse por la cobertura brindada por los funcionarios más altos del país, debiendo destacar que muchas de las conductas ilícitas que se encuentran probadas en esta instancia han sido reconocidas por sus autores", sostuvo el magistrado.
La causa se hizo pública en agosto de 2018 cuando declaró Oscar Centeno, ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, quien dijo haber registrado las visitas a los empresarios que presuntamente pagaban sobornos en una serie de cuadernos que quemó luego por temor. Centeno se transformó en el primer imputado colaborador o "arrepentido" del caso, tras lo cual lo imitó un grupo importante de empresarios y ex funcionarios. A partir de allí hubo una gran cantidad de procesados y 31 arrepentidos cuyos dichos ya fueron verificados por el juez.
Ésa es la causa central a partir de la cual se desprendieron otras como la de lavado de dinero del fallecido Daniel Muñoz, quien producto de ese sistema de recaudación se lo acusa de inversiones de origen sospechoso por 70 millones de dólares en los Estados Unidos en la compra de departamentos e inmuebles, que luego fueron vendidos y reinvertidos en otros destinos como ser en un complejo hotelero en las islas Turks and Caicos. Por ese expediente están procesados Carolina Pochetti, viuda de Muñoz; y el contador histórico de los Kirchner, Víctor Manzanares; ambos bajo la figura de imputados colaboradores y hasta ingresaron al sistema de protección.
El otro expediente que va a juicio está vinculado con sobornos pagados en el área ferroviaria, a partir de las confesiones de los empresarios Aldo Benito Roggio y Benjamín Gabriel Romero, quienes admitieron hacer pagos ilegales.
En total, Bonadío envió a 53 imputados a juicio por la trama central de cuadernos, 14 por el tramo de lavado de dinero del fallecido ex secretario Muñoz, y a seis por los subsidios ferroviarios por los cuales presuntamente se pagaron sobornos.
En tanto, fueron sobreseídos Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez, quienes estaban sospechados de haber recibido dinero para el financiamiento de la campaña.
