"esto nos beneficia", dijo al referirse a su situación particular

Cáceres retrucó y dijo que la ley no obliga a los jueces a jubilarse

El ministro de la Corte recordó que el régimen ya está vigente. Se aprobó una moratoria para el pago de aportes.
sábado, 24 de agosto de 2019 · 02:03

El ministro de la Corte de Justicia, José Cáceres, ratificó ayer que la ley aprobada en la Legislatura para regularizar el pago de aportes de los jueces no modifica ninguna situación sino que viene a establecer una moratoria para aquellos que adeudan aportes.

En declaraciones radiales, el ministro de la Corte se refirió irónicamente a las especulaciones de la oposición y a las expectativas oficialistas que indican que el oficialismo motorizó la ley con el objeto de contar con vacantes en el Poder Judicial para tener "magistrados y funcionarios más cercanos al Ejecutivo".

“Esta ley no obliga a jubilarse, tal es así que hay magistrados a los que les salió la jubilación y dicen 'no me jubilo, voy a esperar'. Lo que sí había es una especie de terrorismo: 'jubílense, miren que puede cambiar la ley'. La mayoría de los jueces federales están jubilados, pero no renunciando, eso es muy común", añadió.

"Supuestamente, escuché por ahí que sería para que se vaya el doctor Cáceres y la doctora Sesto de Leiva (Amelia) y esto indirectamente nos beneficia enormemente porque uno de los motivos que establece para abandonar la función es por ser jubilado y estar prestando servicios, pero la ley que aprobaron los diputados dice, en su artículo 16, que los magistrados y funcionarios jubilados en virtud de disposiciones legales específicas para el Poder Judicial de la Nación conservarán el Estado judicial y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación o de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas", de esta forma Cáceres se refirió a la ley nacional 24.408, a la que la provincia adhirió a través de la ley 5.460. 

Más adelante, Cáceres ratificó que la Provincia no puede intervenir en la jubilación de los jueces porque transfirió su caja y no tiene competencia sobre los regímenes jubilatorios. 

"Es una engaña pichanga, no tiene sentido, la provincia no puede intervenir en las cuestiones jubilatorias, puede dar créditos para los aportes, pero nada más, no puede legislar sobre previsión", agregó. 
En este sentido Cáceres explicó que la normativa permite que los magistrados accedan a una suerte de "moratoria" para terminar de pagar aportes y la provincia solo actúa como garante para ANSES. 

"Catamarca fue una de las últimas provincias que adhiere a la ley. Se generó una diferencia (en el pago de aportes) y en vez de dar créditos blandos, la Provincia logró que la ANSES diera una especie de moratoria común, la deuda se va a descontar de los haberes del que se jubile. Una vez que se aprobó no innova en nada en el sistema jubilatorio ni beneficia ni perjudica a nadie", añadió. 

Pedido de incremento 
Por otra parte, Patricia Bustamante, secretaria adjunta de UEJN confirmó ayer que ingresaron una nota por la que solicitan la actualización de los haberes de los empleados judiciales en un 30%. Además se pide una ayuda adicional, similar al bono de $ 5.000 que anunció el Gobierno nacional para los empleados públicos. 

"Ningún sector puede hablar de aumento, la depreciación económica fue tanta que es necesario una actualización para hacer frente al alto índice inflacionario. Nosotros, los judiciales no estamos ajenos a la crisis económica, más teniendo en cuenta el escenario de crisis pos PASO", explicó. 

Por otra parte, se refirió al régimen que tienen los jueces para acceder al 82% móvil y planteó que la normativa es injusta porque no abarca a los empleados. Nosotros, como empleados tenemos acceso al 82% por ciento móvil, pagando una cuota en la AGAP, pero al poder político no le interesan estas desigualdades", manifestó en alusión a que los jueces tienen facilidades para pagar sus aportes. "Es una ley justa para acceder a un 82% móvil, pero injusta para los empleados", planteó.

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