TRAS EL DEBATE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Para Magistrados, el régimen "no es nuevo y no es ningún privilegio"

Ayer el Senado convirtió en ley el proyecto del oficialismo. Consideran que no habrá obligación de jubilar a nadie.
viernes, 23 de agosto de 2019 · 02:19

La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca, Marcia Lozada Figueroa, se mostró sorprendida por el debate que se dio en la Cámara de Diputados en torno al proyecto para regularizar los aportes jubilatorios, negó que se trate de un privilegio para los jueces y consideró que no cree que en la práctica sea una obligación jubilarse a los 60 años.

"Para nosotros se trata de algo viejo, porque en 2015 la gobernadora Lucía Corpacci firmó un convenio con ANSES para acceder a este régimen que data de 1994, lo que para nosotros fue muy importante. Sin embargo, lo que se aprobó en la Cámara tiene que ver con una posibilidad que tienen todos los ciudadanos y nosotros no teníamos", opinó la jueza de Ejecución Fiscal en declaraciones radiales.

En este sentido, explicó que "todos los organismos hacen planes de pago, y esto era lo que estábamos esperando". "Servirá para que se dé un acuerdo con AFIP para regularizar las declaraciones juradas y para que la deuda generada se pueda saldar en cuotas. Hay algunos magistrados que ya hicieron ese pago, otros todavía no. No se trata de un privilegio", insistió Lozada Figueroa.

Además, se refirió a uno de los puntos que había sido cuestionado por la oposición, que establece que una vez que los magistrados cumplan con los requisitos (tener 60 años de edad más los aportes) deberían jubilarse a los 60 días. "No sé cómo se dará en la práctica, pero no creo que sea una obligación de jubilarse en los 60 días de cumplidos los requisitos. Sin tener acceso completo al proyecto, supongo que ese plazo será para iniciar los trámites después cada uno podrá hacer sus presentaciones correspondientes", opinó.

La jueza señaló que el régimen "viene a reafirmar la independencia del Poder Judicial". "El sistema constitucional argentino consagra la independencia del Poder Judicial y esto es para la propia seguridad jurídica de los ciudadanos. Esto es trascendental, para nosotros es imprescindible. Somos conscientes de que la ciudadanía siempre espera una mejor respuesta, y tienen toda la razón. Nosotros estamos trabajando fuertemente para transformar el Poder Judicial frente a los nuevos paradigmas que estamos viviendo. Para ello necesitamos que se mantengan las garantías consagradas por la Constitución, pero no son un privilegio", remarcó.

Por último, consideró que "si existe en la ciudadanía una sensación de un Poder Judicial influenciado por el poder político, para nosotros merece un esfuerzo doble en demostrar que no es así". Lo hizo en alusión a los cuestionamientos de la oposición, que planteó que la aprobación de esta ley era una maniobra del Gobierno para designar jueces afines, obligando a los actuales a jubilarse.

Trámite legislativo

Tras su media sanción en Diputados, el proyecto ingresó ayer mismo a la Cámara de Senadores, donde se trató sobre tablas y se convirtió en ley con la mayoría que tiene el oficialismo.

Se trata de un proyecto que inició el Ejecutivo para aprobar el Acuerdo Marco de regulación de deuda del régimen especial de jubilación para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que se firmó entre la Provincia y la AFIP. Según el convenio, el Ejecutivo debe instrumentar las declaraciones juradas mensuales de aportes y contribuciones conforme al acuerdo con ANSES, y convenir con AFIP la prórroga de los plazos establecidos para que los funcionarios y magistrados cumplan con el pago de las diferencias devengadas de aportes personales que correspondan desde julio de 1994 o su fecha de ingreso hasta marzo de 2018.
"Este convenio es la inclusión de las deudas de seguridad social de los magistrados que estén consignados en el anexo del acta complementaria y se avengan a regularizar los saldos adeudados con la finalidad de obtener el beneficio en la forma y condiciones previstas en la ley. No significa asignación de privilegios o prerrogativas para nadie", fundamentó el senador Ariel Espinoza.
Por su parte, los tres senadores del FCS-Cambiemos no hicieron uso de la palabra ni participaron de la votación.

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