El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Capital presentó formalmente el pedido para que la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) incorpore auditores en todos los sanatorios para frenar el cobro de plus y extendió esta iniciativa a las cámaras de Senadores y Diputados, el municipio y el Concejo Deliberante, pidiendo su intervención.
El planteo, a modo de sugerencia según indicó el titular del gremio, Walter Arévalo, pretende que los afiliados a la obra social puedan acceder de una manera más fácil a realizar denuncias por el cobro ilegal.
Para Arévalo, la Ley Antiplus, reglamentada recientemente y que indica el cobro de multas a quienes incurran en este cobro indebido, no tuvo éxito.
Con una misiva dirigida al director de la obra social, Julio Cabur, el SOEM planteó que esta incorporación de auditores facilitaría las denuncias, que hoy prácticamente no existen.
En el escrito señala que “pese a la reglamentación de la denominada Ley Antiplus, no vemos con agrado su método de aplicación real, puesto que en ese sentido nada ha cambiado de la anterior disposición legal”.
Plantea también en el escrito que este cobro es una práctica que se ha naturalizado a tal punto que “los médicos de la provincia, además de la orden de consulta y coseguro que el afiliado paga, cobran un plus en efectivo, siendo su política la de mirar para otro lado y permitir que esta situación completamente ilegal se haya establecido en la provincia. A pesar de ser deber de la obra social proteger a sus afiliados, la realidad muestra que no lo hace efectivamente, porque esta práctica ilegal se ha generalizado y es el afiliado el que actualmente sostiene con su bolsillo el sistema”, dijo Arévalo.
Al respecto, indica que el afiliado debe pagar además del 4,5% del total de sus haberes a la obra social, el coseguro por cada una de las prestaciones y el plus, por lo que termina generando que por cada prestación el afiliado pague al menos tres veces.
Arévalo, en diálogo con El Ancasti, indicó que con la ley quedó de manifiesto otra vez que la responsabilidad de denunciar estas prácticas sigue estando en manos de los afiliados con un “trámite burocrático” y que es insuficiente para frenar la práctica.
Según se plantea, la intención de contar con la presencia de auditores es para que "puedan recibir las denuncias directas de los afiliados en el momento en que ocurra la falta a la Ley Antiplus", lo cual consideraron redundaría en beneficios directos para los afiliados.
Para el gremialista, se trata de una "propuesta" para buscar poner límites a lo que no logró la ley tal como fue aprobada, pero adelantó la posibilidad de que los municipales vuelvan a las medidas de fuerza si es que no se da respuesta a lo planteado.
Arévalo dijo que si bien no hay un plazo, serán los propios trabajadores los que decidan “cuándo se nos termina la paciencia”.
Adelantó que la próxima semana, cuando se reúnan en asamblea los delegados, seguramente se analizará la situación.
La propuesta del gremio también fue remitida a las cámaras legislativas de la Provincia y al municipio capitalino, e incluyó un llamado de atención.
“Es menester que se arbitren los medios necesarios para que se cumpla efectivamente la Ley Antiplus, puesto que los funcionarios son los responsables de brindar soluciones y respuestas”, se indicó en la nota dirigida por el SOEM a los legisladores.
Ley
El SOEM mantuvo un duro enfrentamiento por el plus durante todo el 2018, que incluyó varios paros y movilizaciones y la colecta de firmas para pedir la aprobación de la Ley Antiplus.
A fines de 2018, finalmente la ley fue aprobada. Se reglamentó este año.
La normativa vigente establece una serie de sanciones económicas, en el caso de los profesionales que incurran en este cobro ilegal con multas de hasta 100 mil pesos; mientras que en el caso de los sanatorios o clínicas esto dependería de los montos de facturación. La máxima sanción fijada es la exclusión del padrón de prestadores.
En el caso de un profesional que cobre plus se establece una multa que podrá variar entre el valor equivalente de 100 a 250 órdenes, con lo que, en relación con los costos, oscilaría entre los $75 mil y $100 mil. También incluye otros mecanismos como la suspensión como prestador dentro la obra social, con una mayor rigurosidad si hay reincidencia.
Pese a esto la ley mantuvo la exigencia de que sea el afiliado quien denuncie, lo que generó que la cantidad de reclamos sea ínfima.
