La diputada Adriana Díaz (PI-FV) presentó un proyecto que tiene por objeto garantizar el principio de laicidad del Estado. La iniciativa apunta a que se retiren los símbolos religiosos de los edificios públicos, en cumplimiento de la Constitución.
Díaz aclaró que no está en contra de la Iglesia Católica ni del derecho de todo ser humano a profesar un culto si así lo desea, sino que la iniciativa intenta separar el rol del Estado de una sola religión ya que “no puede haber favoritismo por una religión en particular”. Además, recordó que es una propuesta que ya se había debatido en el Partido Intransigente en defensa de la Constitución laica, con perspectiva en derechos humanos, diversidad y género.
En el proyecto de ley, se establece que los símbolos religiosos deberían ser removidos en el plazo de seis meses, y en el caso de ser considerados obras artísticas o de un valor cultural o patrimonial, preferentemente deben ser destinados a algún museo del Estado.
También indica que “los cementerios, establecimientos penitenciarios y hospitales públicos pueden tener un espacio ecuménico único que permita en forma igualitaria la práctica de los diferentes credos, creencias o religiones, debiéndose adecuar los espacios ya existentes a tal fin y no pudiéndose erigir nuevos que privilegien mediante sus características, objetos, imágenes y/o símbolos, a algún credo, creencia o religión en particular, debiendo garantizarse el acceso de manera igualitaria, a todos los interesados en utilizar esos espacios”.
En los fundamentos de la iniciativa señala que "sin exagerar, es posible afirmar que no hay oficina pública, escuela pública, ministerio, dependencias legislativas, sea de Diputados, Senadores o concejales, y dependencias en cualquiera de sus formas y objetos del Poder Judicial, en que no encontremos al menos un símbolo religioso de un culto –y particularmente pertenecientes al mismo- en Catamarca".
En este sentido, llama la atención por la presencia de símbolos en el Poder Judicial.
