Piden informes a Fiscalía de Estado por causas de corrupción a nivel provincial
La diputada Paola Bazán presentó un escrito dirigido a Carlos Bertorello en el que busca conocer qué rol asumió la Fiscalía en defensa de los recursos del Estado que se vieron afectados.
En el FCS-Cambiemos solicitaron informes a Fiscalía de Estado de la Provincia respecto de la cantidad de causas que se tramitan por posibles delitos de corrupción contra la Provincia o cometidos por funcionarios y ex funcionarios en las que haya tomado intervención el organismo conducido por el fiscal Carlos Bertorello. Lo hizo la diputada Paola Bazán, en una nota dirigida al fiscal en la que además consulta respecto de la participación de Fiscalía en la causa por hechos de corrupción que denunció en la Secretaría de la Vivienda.
En la misiva, la legisladora busca conocer cuántas causas que se tramitan por la posible comisión de delitos en contra del patrimonio provincial, en cuáles se encuentran investigados funcionarios o ex funcionarios provinciales, y en cuántas tomó participación Fiscalía de Estado. Además, solicita informes sobre la existencia de estadísticas oficiales de los procesos que se tramitan en el fuero penal en los que se hayan producido audiencias de debate.
Particularmente, Bazán puso el foco en la causa radicada en la Cámara Penal Nº 1, en la que están imputadas la ex directora contable de la Secretaría de la Vivienda, Silvia Quinteros; su secretaria, Jacqueline Figueroa; el hermano de esta última y propietario del corralón San Fernando, Gonzalo Figueroa; y la madre de los hermanos Figueroa, María Margarita Cisneros; por irregularidades cometidas en la Vivienda en las que se los acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público continuado en calidad de autora (a Quinteros) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública de manera continuada en calidad de partícipes necesarios (a Cisneros y los Figueroa).
En tal sentido, busca conocer en qué fecha tomó participación en esa causa y cuáles fueron las medidas solicitadas a fin de defender los intereses del Estado Provincial, como inhibición general de bienes, embargos, entre otras.
El mes pasado, Bazán había cuestionado el rol que Fiscalía de Estado tiene en este tipo de causas, al asegurar que seguramente "no conoce los avances de la causa".
En el escrito que presentó ayer, recordó que luego de distintas medidas de prueba, la fiscalía Nº6, a cargo de Marcelo Sago, imputó a los involucrados y la causa fue elevada a juicio "pero luego de ello se produjo una casi paralización en la continuidad del proceso, sin conocer por qué no se ha dictado aún la primera resolución de radicación de la causa y por ende tampoco se estableció fecha de debate".
"La Fiscalía de Estado es el órgano constitucional encargado de la defensa judicial de la Provincia y del control de legalidad de los actos administrativos del Poder Ejecutivo. Constituye una pieza esencial del sistema de tutela de los intereses patrimoniales del fisco y de vigilancia del regular funcionamiento de la actividad administrativa. Es decir, se trata de una institución de hondo arraigo en el derecho público provincial que constituye un mecanismo idóneo para la protección de los intereses patrimoniales del Estado, y tiene a su cargo la representación y defensa de ese patrimonio. Y dado que esta facultad de representación tiene rango constitucional, no se requiere que el Poder Ejecutivo le confiera mandato expreso para intervenir en estas causas", opinó la diputada.
La causa
Bazán fue quien denunció las maniobras irregulares en la Secretaría de la Vivienda durante la gestión de Octavio Gutiérrez al frente del organismo. La investigación probó que Quinteros y Figueroa eran socias junto con Cisneros en la firma RAF SRL, titular del “Corralón San Fernando”, que era proveedora de la Secretaría y se había creado sólo para ese fin.
Todas quedas imputadas no sólo por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, sino también cohecho y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, luego de que se comprobaran compras de la Secretaría a la firma RAF por cifras millonarias para la adquisición de materiales de construcción.
En el medio, se denunció una maniobra con la que se firmaban cheques en blanco que estuvieron destinados al pago de los jugadores del equipo de fútbol de Unión Aconquija: estos eran emitidos desde RAF, pero se habrían pagado con fondos públicos.
Vía administrativa
El año pasado el Tribunal de Cuentas dispuso la instrucción de un sumario administrativo de Responsabilidad en la Secretaría de la Vivienda, a partir de la denuncia penal por los presuntos hechos de corrupción. El área de auditorías por objetivo elevó un informe en el que sugirió el inicio del juicio administrativo de responsabilidad.
