Al menos una financiera fue clausurada y otros dos comercios del rubro fueron multados a pagar la suma de $160.000 por incurrir en graves infracciones a Ley de Defensa del Consumidor y a la Ley de Lealtad Comercial.
Las sanciones a las cuevas financieras se dan luego de varios informes de El Ancasti que dieron cuenta de numerosas irregularidades en los comercios, que van desde altísimas tasas de interés de más de un 300% y firmas de documentos en blanco, hasta requerir información privada de los solicitantes.
El director provincial de Defensa del Consumidor, Matías Olmos, anunció que aplicó sanciones por la suma de $ 160.000 a tres financieras locales tras comprobar las infracciones. Señaló que avanzan otros sumarios por hechos similares.
Olmos ordenó la clausura de uno de los comercios, donde se constató una serie de irregularidades en perjuicio de una persona del interior provincial de escasos recursos, que había quedado obligada a abonar cuatro veces la suma otorgada en calidad de préstamo, pagadero en 18 cuotas, marcando la aplicación de una tasa de interés superior al 300%, tal como habían arrojado los resultados de las inspecciones realizadas por el organismo en los comercios.
Los controles realizados semanas atrás por el Departamento de Inspecciones de Defensa al Consumidor arrojaron varias irregularidades y tasas abusivas aplicadas a los créditos. En la oportunidad, el jefe del área, Martín Luna, había detallado irregularidades como tasas de un 330%, la presencia de pagarés en blanco firmados por los solicitantes, donde no se indicaban los montos a devolver e incluso grandes diferencias en las tasas de interés mencionadas en la propuesta del comercio y las que realmente se aplicaban en los documentos de solicitud, entre otros.
“Las condiciones de prestación de servicios financieros afectan el interés general, en la medida que contribuyen a ese circuito de inexorable empobrecimiento en el que han quedado atrapados tantos consumidores locales que se ven urgidos de tomar créditos que en su mayoría son destinados a costear gastos familiares corrientes, o lo que es peor aún, a cancelar otros créditos de las mismas características y con idéntica capacidad de menoscabar el patrimonio de los sectores más vulnerables y postergados de esta sociedad”, señaló Olmos, entre las consideraciones para emitir las sanciones.