un circuito cerrado para la corrupción

Las complicaciones para investigar el alquiler de máquinas

lunes, 10 de septiembre de 2018 · 04:00

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública  retomará esta semana la investigación por  las supuestas irregularidades en la contratación de maquinaria pesada por parte de Vialidad provincial. 

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que el alquiler de máquinas para cumplir determinada cantidad de horas es lo más difícil de probar  tanto para la Justicia como para los organismos de control, tal el caso del Tribunal de Cuentas, que ya inició una investigación sumaria. 

Desde hace años, el alquiler de maquinarias a empresas  es uno de los negocios "cerrados" por la administración pública y una de las vías  aceitadas para la corrupción en la que participan actores del Estado y empresarios. Se  contrata a determinada empresa, se genera un expediente para que una  máquina trabaje determinada cantidad de horas en una obra  y luego se paga. 

La situación es que el circuito comprende también a empleados  infieles que acreditan que una máquina trabajó y certifican la cantidad de horas, aunque en realidad no hubiera estado en el lugar o se hubiera realizado con otra que puede hacer la misma tarea.  En estos casos, la Justicia se encuentra con una prueba real: la obra fue realizada. 

Este es el caso  en el que  una de las denuncias es por el alquiler de maquinarias  que tenía como destino la obra en la ruta provincial Nº30, sección Km 10,  en la localidad de San Pedro, Bañado de Ovanta.  Lo cierto es que la obra fue realizada  y en estos casos para la Justicia es complicado comprobar un fraude a la administración pública, más aún cuando la denunció ingresó  un año después de que se hubieran advertido las supuestas irregularidades.  

Por otro carril corre la falsificación de documentos para acceder a las contrataciones. Las empresas acostumbran a comprar maquinarias que "están flojas" de papeles o que fueron robadas y ahorran grandes sumas de dinero. De esta manera tienen un capital para alquilar al Estado y el Estado acredita que las máquinas trabajaron. 

En el marco de la investigación de la Justicia se realizaron registros en Vialidad provincial  y se pidió documentación; también se allanó el domicilio del empresario Víctor Nuñez y el  depósito en el que se resguarda  la maquinaria pesada. Además, Vialidad, que ya se había constituido en querellante, presentó una denuncia contra el empresario por considerar que fue damnificada a partir de la supuesta presentación de títulos apócrifos. 

La fiscalía analiza tres denuncias que  tiene en su poder. La primera había sido presentada por un agente del organismo en diciembre de 2016. El empleado Jorge Ovejero estuvo a cargo del Registro de Proveedores y, según su testimonio, había advertido  que dos máquinas que habían sido contratadas para una obra a la empresa de Nuñez compartían el mismo número de título.  La licitación cuestionada había sido en marzo de 2015.

La segunda presentación la realizó la titular del Registro Automotor Nº 1 Rosario Andrada, a partir de fotocopias de títulos que serían apócrifos.  Esa entidad tiene competencia en el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial (MAVI), donde se asientan todos los vehículos comprendidos por maquinaria pesada destinada a las diferentes actividades que se desarrollan en la jurisdicción provincial.

La tercera presentación  es la que realizaron desde Vialidad en contra del empresario Nuñez porque considera que  fueron engañados a partir de la falsificación de documentos. La presentación de Vialidad se basa en las publicaciones periodísticas.
 

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