Además de los valores usureros a los que se deben someter quienes solicitan un préstamo económico, la población se expone a tener que brindar información privada, no solo cuando solicita una asistencia financiera, sino también al momento de conocer su capacidad de crédito.
Las financieras fueron adecuando sus reglas de juego. Desde hace tiempo parece ser que estos comercios tienen la potestad para determinar los requisitos que deberá afrontar el cliente. Tal es así que en algunos comercios se comenzó a solicitar como requisito fundamental para conocer cuánto dinero podrá solicitar y cuánto deberá pagar por mes, documentación idéntica a la que si el trámite ya se estuviera solicitando.
Estos requisitos para conocer y/o tomar el crédito incluyen información sumamente privada del solicitante que deja expuestos sus ingresos.
El CBU, donde constan los datos vitales de la cuenta bancaria, que podrían o no ser utilizados por terceros.
Los movimientos de cuenta, a través del ticket que emite el cajero automático y que revela de qué manera usa su dinero el cliente, pasaron a ser requisitos indispensables al momento de acceder a información.
Por un lado no solo se expone a sufrir algún fraude, sino que también se expone a que un comercio financiero cuente con toda la información vital del posible cliente y hasta que se vea presionado a acceder al crédito, al contar con toda la facilidad de tener el trámite procesado.
Pese a los intentos de tratar de poner un freno a la usura, los anuncios de mayores controles y exigencias tanto por parte de la Municipalidad de la Capital como de la Provincia cayeron en saco roto.
En 2012, cuando la usura hacía estragos en la Provincia, el Gobierno local anunció la creación del Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura, aunque a la fecha nada más se supo de esta herramienta, que venía a poner freno a los abusos financieros; menos aún de los controles que podría realizar Defensa del Consumidor para salvaguardar a la población.
Ese comité estaba conformado por profesionales y funcionarios de las áreas de Gobierno, Producción, Desarrollo Social, Hacienda, Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno.
Años después, en 2016, cuando la actividad de las financieras volvía a alzar vuelo, tras un informe realizado por El Ancasti, sobre la consolidación y expansión de la usura en Catamarca, la Municipalidad de la Capital y la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia reflotaron la funcionalidad del comité y nuevamente anunciaron medidas para combatir la usura.
En la oportunidad, cuatro financieras fueron clausuradas como señal de atención para evitar los abusos y cumplir con la normativa vigente, ya que se comprobó que muchas de ellas funcionaban bajo la clandestinidad.
Sin embargo, pronto los controles dejaron de tener en la mira a las casas financieras y esto es evidente porque de una recorrida realizada por las calles de la ciudad se pudo comprobar que de la gran cantidad de comercios de este tipo que se ubican en el microcentro, solo uno de ellos cumple con uno de los requisitos fundamentales, establecido en la normativa vigente, como lo es exhibir las tasas anuales de interés que ofrecen al público. Y la mayor parte de ellos se limita a anunciar "baja tasa", sin mayores precisiones.
Este dato no menor permite a los posibles solicitantes de un préstamo contar con información vital para saber cuánto dinero tendrá que devolver al momento de financiar la operación. Y claro está que evadir este requisito fundamental es el secreto para que la población sea presa fácil.
Evidentemente la falta de controles dejó las riendas sueltas a que una vez más sean las financieras las que manejen las reglas de juego a las que se deben someter los usuarios.