La diputada Cecilia Guerrero (FJV) presentó en la Cámara baja un proyecto para que todos los organismos del Estado hagan públicos los actos de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución provincial y en sintonía con el pedido de la gobernadora, Lucía Corpacci, a los poderes Judicial y Legislativo de que transparentaran sus acciones.
"La publicidad de los actos de gobierno tiene por finalidad hacer conocer a los ciudadanos acerca de las decisiones adoptadas por quienes administran el Estado. Si bien Catamarca avanzó oportunamente en plasmar normativamente el derecho de acceso a la información pública, según lo establecido en la Ley Provincial nº5336, lo cierto es que se ha quedado en el camino. Solo el Poder Ejecutivo cumple efectivamente con el imperativo constitucional de la publicidad de sus actos de gobierno, en especial en lo relacionado con los actos administrativos que emite, publicándolos en el Boletín Oficial; en tanto los otros dos poderes del Estado, esto es el Legislativo y el Judicial, no cumplen con el mandato y la ciudadanía se encuentra impedida de conocer y controlar el accionar de sus representantes", fundamentó Guerrero.
Este proyecto, que busca reglamentar el artículo nº42 de la Constitución en materia de publicidad de los actos de Gobierno, es extensivo al Tribunal de Cuentas, ENRE, Vialidad Provincial, IPV, CAPRESCA, OSEP, AGAP, y todos los organismos descentralizados o sociedades del Estado en los que exista al menos el 51% del capital a nombre del Estado.
Se propone además que se publiquen las leyes promulgadas, los actos administrativos relacionados con la renta pública y sus inversiones; los decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones ministeriales y de las secretarías de Estado y subsecretarías; decretos de la Presidencia de cada Cámara del Poder Legislativo, que dispongan la designación o contratación de funcionarios o empleados, temporarios o permanentes, pases a planta permanente, ascensos, recategorizaciones y modificaciones en la situación y revista o escalafonaria, como la asignación de subrogancias; resoluciones de la Corte de Justicia, actuando en pleno o a través de su Presidencia, y de otros organismos del Poder Judicial; instrumentos de los tres poderes que autoricen o adjudiquen compras o contrataciones de bienes o servicios, bajo cualquier modalidad de contratación; y resoluciones o acordadas del Tribunal de Cuentas.
