Un grupo de trabajadores de planta política de la Cámara de Diputados denunció a través de su asesor legal la retención en el pago de sueldos.
Un grupo de trabajadores de planta política de la Cámara de Diputados denunció a través de su asesor legal la retención en el pago de sueldos.
El abogado Sergio García, denunció que sus representados –veinte trabajadores de planta política de la Cámara de Diputados- no cobraron el mes de marzo, pese a que ninguno de ellos recibió notificación alguna del cese en sus actividades y cumplió con los días de trabajo.
Cuestionó que se tomó una medida arbitraria, pese a que se trata de trabajadores en varios casos que vienen prestando servicios desde hace varios años, sin que hayan sido incorporados a planta permanente.
“Hay mucha incertidumbre no solo porque no saben de su fuente laboral, sino porque están trabajando y no se les deposita”, dijo García, tras señalar que las dificultades vienen sucediendo desde el mes pasado y la única respuesta fue que “los sueldos están suspendidos”, dijo.
El letrado –quien fue secretario administrativo de la cámara baja hasta 2015- señaló que la Cámara cuenta con facultad y presupuesto para la incorporación de 193 trabajadores, pero se niega bajo los argumentos de la falta de dinero. “¿Cómo no van a tener plata si la Provincia gira en tiempo y forma? Tendría que sobrar. Si la gestión de Rivera dejó una determinada masa de agentes que les venían pagando normal y habitualmente, es de suponer que si esa planta se ha reducido este año, el dinero tiene que sobrar, no puede faltar. Encima están de receso, no tienen gastos extraordinarios en viáticos, combustibles”, cuestionó.
“Entiendo que el Presidente tenga la facultad de decir prescindir de este personal, pero que se proceda de esa manera es una vergüenza”, dijo. “Me cuesta pensar que se actúe de esa manera en un recinto que debería ser guiado por la comprensión y la tolerancia".
El abogado recordó que desde el inicio de la gestión del actual presidente Fernando Jalil, hubo muchos movimientos internos y se tomó la determinación de dar de baja alrededor de 400 trabajadores de planta política que habían ingresado con diputados que ya cumplieron su mandato en diciembre; pero que en el caso de los trabajadores no se los notificó de ninguna medida, ya que pertenecen a la planta política nombrada en la Cámara, y que no percibían índices.
“Es una persecución, un acoso psicológico que no tiene fundamento alguno”, dijo mientras que cuestionó la ausencia del Sindicato de trabajadores Legislativos (SELEG), como así también de los propios diputados para resolver la situación.
También cuestionó algunos desmanejos en la secretaría administrativa, tal como la firma de personal no autorizado en los expedientes.