El abogado Víctor García, quien ejerce la defensa del empresario Carlos Arriazu, realizó ayer la presentación de un recurso de casación en contra de la sentencia de la Cámara Penal Nº 1 por la que se había rechazado el planteo de prescripción de la causa del Megafraude de Desarrollo Social.
El pasado 20 de febrero, por unanimidad, la Cámara integrada por Fernando Damián Esteban, Jorge Álvarez Morales y Fabricio Gershani Quesada no hizo lugar al planteo de insubsistencia de la acción penal. Ahora García presentó un recurso de casación contra ese sentencia. La Cámara Penal deberá decidir si lo admite o no y si lo admite resolverá la Corte de Justicia. En caso de rechazar el planteo estaría en condiciones de fijar nueva fecha para el debate.
El 11 de diciembre, García solicitó el sobreseimiento definitivo de su cliente. En su presentación, el letrado había planteado las demoras para realizar el debate y luego el juzgamiento y determinación de responsabilidades de los hechos que ocurrieron en 2004. El planteo apuntaba a la prescripción de la causa.
La presentación se realizó un día antes de la fecha que se había previsto para iniciar el juicio oral por la causa que se inició en octubre de 2004 a partir de una investigación publicada por El Ancasti respecto de capacitaciones "truchas" dictadas por el Ministerio de Desarrollo Social.
En diciembre, el fiscal Jorge Silva Molina, fiscal de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación y el fiscal coadyuvante Ezequiel Walther rechazaron el pedido de sobreseimiento que había realizado el abogado Víctor García.
En febrero, la Cámara se pronunció en idéntico sentido y ahora la defensa presentó un recurso para casar esa sentencia.
El caso del Senado
Por otra parte, García también ejerce la defensa del ex empleado legislativo Pablo Vega, quien reveló a la Justicia que debió entregar durante 20 meses $15 mil de su sueldo al senador por Santa Rosa, Julio Maza, y al concejal Mario Páez para conservar su trabajo.
En declaraciones a Radio Ancasti, García dijo que esperarán ahora la resolución del juez de Control de Garantías, Rodolfo Maidana quien evaluará si corresponde o no pedir el desafuero para el legislador. Luego, será una decisión política de la Cámara de Senadores si lo otorga o no.
Según comentó se presentaron varias pruebas en la causa, tal como las conversaciones que Vega habría mantenido con el concejal de Santa Rosa.