Las diputadas Cecilia Guerrero y Adriana Díaz (FV) expresaron su preocupación y rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno nacional privatice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES (FGS). En los fundamentos recuerdan que en enero de este año el Gobierno nacional dictó un decreto de desburocratización del Estado. Luego se advirtió que en el capítulo, referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, se introducían normas jurídicas que apuntaban a evitar el dictado de una ley por parte del Congreso de la Nación.
Según las legisladoras del decreto presidencial "emerge nítidamente la posibilidad de privatización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, obviando la necesaria autorización del Congreso. La ANSES podría con absoluta discrecionalidad, repartir la totalidad o parte de los recursos que integran el FGS, eligiendo la entidad bancaria, la financiera o el fondo de inversión que administraría los recursos y cobrará las comisiones y honorarios por ello".
En esta línea advierten que al momento de constituir un Fideicomiso, la ANSES cedería la propiedad sobre los recursos del Fondo y encomendaría su administración a una entidad financiera por un lapso temporal que podría llegar a los 30 años. "En los hechos, el fideicomiso sería la herramienta financiera que permitiría transferir los recursos desde la órbita de la ANSES al sector privado, sin necesidad de ninguna legislación expresa que lo habilite".
Para el FV este sería el primer paso para volver al sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que fracasó en los 90. "La intención del Gobierno nacional sería confiar la administración del FGS a los privados, que se beneficiarían económicamente con la administración de los fondos, usufructuando de la rentabilidad que genera, y sin asumir ninguna obligación en orden al pago de beneficios previsionales a la clase pasiva", señalan.
