El jueves pasado terminó la feria judicial y se espera que en los próximos días surjan novedades en el marco de dos causas importantes por corrupción que se tramitan en el fuero federal, de las que el fiscal Santos Reynoso dijo que estabn muy avanzadas a fines del año pasado. Son las investigaciones por corrupción en el circuito de la obra pública durante las gestiones kirchneristas, que incluye la "cartelización" de empresas constructoras e involucra al ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, y la que concierne a la empresa estatal minera CAMYEN SE, por presuntos fraudes en la gestión del yacimiento Minas Capillitas. Según la propia Justicia, ambas estaban en "etapa final" antes del receso de verano.
El último día hábil de noviembre, luego de que asumiera Miguel Contreras como juez federal, el fiscal Reynoso aseguró que estaba muy cerca de llegar a una conclusión en las causas mencionadas, ya que solo restaba recibir información de parte del Gobierno nacional para avanzar.
En la causa en la que se investigan supuestos hechos de corrupción en la obra pública durante la gestión kirchnerista a nivel nacional, en la que se involucra al entonces titular de la Asociación de Empresas Contratistas del Estado (organismo paralelo a la Cámara de la Construcción) y actual ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, el fiscal había asegurado que el 80% de los hechos denunciados pudo haberse concretado. "Hay una seria sospecha de que se haya concretado una maniobra ilegal", había dicho.
Antes del receso, la Justicia esperaba un informe de la Secretaría de Planificación de la Nación para poder avanzar en medidas en torno a esta causa.
Por otra parte, la investigación que se realiza a Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) por el supuesto vaciamiento de Minas Capillitas, "está próxima a finalizar", según las palabras del funcionario. Antes de iniciar la feria, el fiscal había mencionado que restaban pocos detalles para dar por concluida la investigación, atento a que habían accedido a auditorías de Fabricaciones Militares.
La causa Dusso
En agosto de 2016, el empresario de la construcción Jorge Marcolli involucró a Dusso en un circuito de corrupción y aseguró que entre los años 2003 y 2004 éste lograba conseguirles obras a empresarios amigos a cambio de un retorno del 3% del monto total de la obra.
El mecanismo requería que los constructores que accedían a la obra pública depositaran un retorno que iba directo al Gobierno nacional gracias a la participación del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, y del ex secretario de la Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, ya fallecido.
Según la denuncia de Marcolli, Nación depositaba un adelanto financiero en una cuenta corriente especial, en la que no había intervención de los organismos provinciales. Estos movimientos bancarios se habrían probado en la investigación. Al día siguiente del depósito, los empresarios debían retirar un monto de entre el 3 y el 5% de lo transferido y llevarlo hasta la oficina de Dusso, quien llevaba el dinero hasta el aeropuerto Felipe Varela y lo entregaba a un enviado de López.
En la investigación se conoció que durante este período de tiempo hubo vuelos privados que llegaron a la provincia, pero no se constató su procedencia.
En el marco de esta investigación también fue citado el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Fernando Rivera, para ratificar los dichos que Marcolli denunció.
La causa CAMYEN
En septiembre de 2016, el entonces interventor de Fabricaciones Militares, Héctor Lostri, denunció a su antecesor durante la gestión kirchnerista, Santiago Rodríguez, por el supuesto vaciamiento del yacimiento de Minas Capillitas. Estas irregularidades también comprometieron a CAMYEN, sospechada de favorecer el tráfico ilegal de rodocrosita.
La denuncia cuestionó los subsidios que implementó CAMYEN para los artesanos, lo que habrían contribuido a conformar el mercado negro de la piedra, y también cuestionó el último contrato por el que se extendió la concesión entre CAMYEN y Fabricaciones Militares.
Según la presentación, el nuevo era "un contrato leonino para la explotación del yacimiento, con una deliberada ausencia de mecanismos de control por parte de Fabricaciones Militares y el desvío y comercio ilegal de los minerales extraídos, sobre los que existen indicios del establecimiento de una cadena de comercialización clandestina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Según la denuncia, había un mercado negro de la rodocrosita, avalado por la conducción de CAMYEN, que no registraría todas las ventas. Cuestiona a la firma por no realizar ninguna de las inversiones comprometidas en el yacimiento y favorecer la venta de la piedra a un precio subsidiado.
Sostienen que el circuito negro se utilizó para que empresas dedicadas a la reventa de la piedra la adquirieran a mitad de precio.
Esta denuncia derivó en un acuerdo transitorio que se firmó en mayo del año pasado, en el que se determinó que FM efectuará la verificación de la certificación de los instrumentos de medición y verificará el circuito de cámaras en los procedimientos de extracción y selección y en las bocas de expendio.
CAMYEN SE se comprometió a instalarlas y llevará el control del stock;. La empresa estatal le pagará a FM un canon mensual de 6.000 dólares.
