El secretario de Gobierno de la municipalidad de la Capital, Hernán Martel, defendió el proyecto para que la zona de la ruta provincial Nº 4 sea declarada como “Área de Protección Permanente” al enfatizar que “la integridad y seguridad de los vecinos es el punto central que procura el municipio y nos vamos a mantener en esa postura”.
Como informó El Ancasti, mediante un escrito firmado por su apoderada legal, la Orden Franciscana advirtió al Concejo Deliberante acerca de la posibilidad de iniciar acciones legales si el proyecto que impulsa la Municipalidad de la Capital sobre la prohibición de construcción en el margen de la ruta Nº4 se convierte en ordenanza y consideró que el proyecto plantea "lo que sería una expropiación gratuita". "Nos preguntamos cómo esta nueva norma permitirá solucionar lo que no pudieron solucionar antes, siendo que tenían las herramientas", expresa. El jueves, el FCS-Cambiemos frustró el avance del proyecto en extraordinarias y el debate continuará en la comisión de Planeamiento.
Tras la presentación de un escrito en el que la orden clerical se declara como damnificada por el proyecto, el funcionario aseguró que “el municipio no pretende expropiar esas tierras y la propiedad de ellas se mantiene, pero se avanzará con la prohibición para edificar. Contamos con el asesoramiento y aval de la Universidad Nacional de Catamarca y el Colegio de Geólogos, quienes han manifestado el impacto ambiental que provoca la construcción de viviendas en la zona”.
“La responsabilidad que la Orden Franciscana tiene para con los vecinos de Catamarca no es la misma que tiene el municipio de la Capital. Si nosotros no velamos por esos principios e intereses, si dejamos el escenario actual sin modificarlo y soslayando los riesgos que ya han quedado de manifiesto durante las crecidas del río El Tala en enero, no solo recae sobre nosotros un imperativo de orden ético, sino también un imperativo de orden legal”, subrayó Martel.
La situación detonante de la queja de los franciscanos es que, al ser propietarios de lotes en la zona de la vera de la ruta 4 y el río El Tala, aseguran verse afectados por la nueva prohibición que el Ejecutivo Municipal puso a consideración de los concejales en sesiones extraordinarias, ya que no pueden disponer de construcciones y las eventuales ventas no tendrían el mismo valor.
“Para ellos ésta es una cuestión de propiedad e inversiones; para nosotros es una cuestión de seguridad para con los vecinos”, agregó Martel sobre la queja de la orden.
“Vamos a poner a disposición de la Orden el asesoramiento legal y técnico necesario del municipio y de otras entidades intermedias como el Colegio de Geólogos, asociaciones de vecinos e incluso ciclistas que pueden aportar su visión. Estamos dispuestos a mantener las reuniones que sean necesarias para que la Orden pueda apreciar todo el panorama, pero la iniciativa municipal en este caso no tiene posibilidades de dar un solo paso atrás”, explicó el secretario Martel.
“Nuestra provincia vivió hace poco una serie de eventos catastróficos por la falta de legislación o de su aplicación sobre los terrenos cercanos a los ríos de montaña. Cometer el mismo error sería una irresponsabilidad total por parte de la municipalidad”, aseguró el funcionario.
El secretario subrayó además que esta zona ya había sido declarada de Protección Permanente, pero que en el año 2012 esa legislación se modificó para declarar al sector como de Protección Limitada.
“Es necesario volver al ordenamiento legal previo para ese sector”, aseguró Martel.
Explicó que cuando la zona era de Protección Permanente era una franja mayor del terreno en cuestión y luego se modificó.
