La Cámara Penal Nº1 rechazó el planteo de prescripción de la causa del Megafraude en Desarrollo Social, que había sido planteado por el abogado Víctor García, quien defiende al empresario Carlos Arriazu. Finalmente, si no se interpone un nuevo recurso la causa podría llegar al juicio oral y público.
Por unanimidad, la Cámara integrada por Fernando Damián Esteban, Jorge Álvarez Morales y Fabricio Ghersani Quesada no hizo lugar al planteo de insubsistencia de la acción penal.
El 11 de diciembre, García solicitó el sobreseimiento definitivo de su cliente. En su presentación, el letrado había planteado las demoras para realizar el debate y luego el juzgamiento y determinación de responsabilidades de los hechos que ocurrieron en 2004. El planteo apuntaba a la prescripción de la causa.
En su voto, Esteban hace referencia a la complejidad de la causa que puede observarse por "la multiplicidad de hechos, la diversidad de roles de cada imputado en los hechos, complejidad de la tarea investigativa que para ser completa tuvo que oficiar una gran cantidad de instrumentos judiciales a distintas dependencias", señala y menciona los oficios que se enviaron a distintos organismos en la provincia y también en provincias vecinas.
En la causa están imputados el ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas (41 hechos en calidad de autor); el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante (13 hechos), Nancy Madueño ( 24 hechos) Carlos Arriazu (11 hechos); y los ex funcionarios del Ministerio de Hacienda en calidad de partícipes secundarios: María Cristina Barros de Voget, Guillermo Alberto López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, Susana Beatriz de la Colina, y el ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios, todos por 24 hechos.
