En el marco de la investigación por la causa de los retornos en la obra pública, esta semana deberán presentarse a declarar 28 empresarios vinculados al rubro de la construcción, para intentar deslindar responsabilidades en el circuito denunciado por el empresario Jorge Marcolli, que involucra al actual ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, y el polémico ex secretario durante la gestión kirchnerista, José López.
En este sentido, la Fiscalía Federal que conduce Santos Reynoso maneja la hipótesis de que se trataría de un delito de "concusión", diferente a un "cohecho" y en el que no habría responsabilidad de los empresarios involucrados.
Así lo expresó el secretario de la Fiscalía, Edgardo Bulacio Sánchez, consultado sobre la posibilidad de que alguno de los 28 empresarios se autoincriminara o reconociera haber pagado un retorno.
Nuestra hipótesis delictiva es de la concusión. El cohecho es un acto bilateral, en el que hay un acuerdo entre las partes. Consideramos que en este caso, el no pago del supuesto retorno habría sido compulsivo para los empresarios porque verían afectada su economía, y consideramos que fue una exigencia unilateral por parte del funcionario", explicó el secretario.
Es que, en términos legales, el cohecho puede estar más vinculado a un acto de soborno para que un funcionario haga o no haga determinada tarea, en un pacto con quien paga por ello; mientras que en la concusión se trata de un cobro indebido de parte de un funcionario.
Esta hipótesis respaldaría lo denunciado en agosto de 2016 por el empresario constructor Jorge Marcolli, quien dijo que tras negarse a pagar los retornos que variaban entre el 3 y el 5% del valor de la obra adjudicada, le fueron quitadas esas adjudicaciones y quedó fuera del circuito de la obra pública.
"Los empresarios se amontonaban en la oficina de Dusso a repartirse cómo serían las licitaciones de las viviendas según la cantidad de lotes que tuviera cada una: 28 para uno, 44 para otro, 32 para otro. Dusso los citaba después en el Banco Nación y le decía a cada uno cuánto tenía que poner en el cheque, y después llevaba toda esa plata al aeropuerto", recordó Marcolli en las declaraciones que se publicaron en la edición de ayer de El Ancasti.
De mantenerse esta hipótesis en la Justicia, los empresarios que reconozcan haber pagado los retornos no necesariamente estarán reconociendo ser cómplices en el delito, aunque sigue siendo una situación complicada ya que la causa no está definida.
Durante las próximas tres semanas desfilarán por las oficinas de Fiscalía Federal los 28 empresarios, y se estima que podrían aportar nuevas pruebas respecto del circuito de la corrupción que denunció Marcolli y que ratificó el ex titular de la Cámara de la Construcción, Fernando Rivera. Por este motivo, no se descarta que puedan ser convocados en más de una oportunidad.
Todos los citados son titulares de cuentas bancarias que se abrieron en 2005, luego que resultaran beneficiarios de una licitación de viviendas en el marco del Plan Federal I, al que la provincia había adherido gracias a un convenio firmado con el ex Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. Ese plan es el único en el que se pudo comprobar que los anticipos financieros que debían llegar desde Nación al IPV Catamarca y desde allí a las empresas, llegó directamente a las empresas sin intervención del IPV.
Si tras tomar todos los testimonios no surgen nuevos elementos probatorios, la Fiscalía entiende que la causa ya estaría en su etapa final y podrían tomarse nuevas medidas. Para el fiscal Santos Reynoso "hay serias sospechas de que el 80% de los hechos podría haber ocurrido", mientras que para su secretario "solo basta una sospecha para iniciar un requerimiento al juez federal".
Funcionario a bordo
Marcolli denunció que el dinero de los retornos era recaudado por Dusso y era llevado al Aeropuerto Felipe Varela desde donde era retirado por algún enviado de los ex secretarios López y Luis Bontempo, quien ya falleció. Aunque el hecho en sí no pudo comprobarse, si se supo que en el año 2005 llegaron dos vuelos privados al aeropuerto de Catamarca, y que en uno de ellos se comprobó el arribo de 92 pasajeros, uno con categoría de "exento". Según explicaron desde la Fiscalía Federal, este puede ser el caso de un menor de dos años de edad o un funcionario o diplomático. En ese sentido, la llegada de un menor fue descartada porque se cotejaron los registros y no llegó ninguno, por lo que se presume que se trató de un funcionario. Ocurrió el 23 de marzo de 2005. También en ese período llegó un vuelo privado desde Salta, sobre el que no se conocen mayores detalles.
De Dusso
Tras la denuncia de Marcolli, el actual ministro Dusso aseguró que estaba dispuesto a presentarse a dar explicaciones a la Justicia. Dusso, que está denunciado en esta causa como partícipe necesario del circuito y por haber manejado la Asociación de Contratistas del Estado, un organismo paralelo a la Cámara de la Construcción, criticó a Marcolli por nunca haber sido parte de la Cámara de la Construcción y dijo que deberá atenerse a las consecuencias de la denuncia presentó. Estas declaraciones fueron públicas apenas días después de que Marcolli relatara los hechos.
Cifras exactas
Por haber accedido a los registros bancarios del Estado Nacional y del Instituto Provincial de la Vivienda, la Justicia conoce la cifra exacta que se giró en materia de anticipos financieros. Sin embargo, el monto no fue precisado por las autoridades judiciales.
LA CAUSA
Agosto de 2016. El empresario de la construcción, Jorge Marcolli, denuncia públicamente un mecanismo por el que se cobraban retornos en la obra pública durante la gestión del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, y el ex secretario de la Vivienda de la Nación, Luis Bontempo. Involucró al ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, a quien señaló como nexo necesario.
Octubre de 2016. La Justicia Federal de Catamarca actúa de oficio y cita a declarar a Marcolli, quien ratifica los dichos. También citan al ex presidente de la Cámara de la Construcción, Fernando Rivera, quien aporta más datos.
Noviembre de 2016. Fiscalía Federal comprueba que durante el período que denunció Marcolli se abrieron 31 cuentas bancarias, en las que se habrían depositado los adelantos financieros. Estas se abrieron en 2005, y los hechos habrían ocurrido desde 2004.
Diciembre de 2016. Se suman a la causa expedientes de la megalicitación de 1.300 viviendas realizada en 2012, sobre las que hubo serias sospechas de cartelización, denunciadas por El Ancasti.
Marzo de 2017. Las declaraciones de ex funcionarios del IPV local confirmaron la existencia de un organismo paralelo a la Cámara de la Construcción, la Asociación de Contratistas del Estado, con Dusso a la cabeza.
Mayo de 2017. Se comprobó que el Aeropuerto Felipe Varela recibió vuelos en los que podría haberse enviado los retornos. Más adelante se sabría que en uno de los aviones llegó un funcionario.
Noviembre de 2017. Para el fiscal Santos Reynoso, "el 80% de los hechos podrían haber ocurrido y hay sospechas".
Febrero de 2018. Citan a declarar a 28 empresarios involucrados en las licitaciones del Plan Federal de viviendas, cuestionado en la denuncia.
