A partir de la semana que viene, 28 empresarios del área de la construcción pasará por las oficinas de Fiscalía Federal para ser indagados como testigos en la causa que el fiscal Santos Reynoso investiga respecto de supuestos hechos de corrupción en la obra pública, en los que se habrían pagado supuestos retornos a la Nación a cambio de obras de viviendas. El circuito, denunciado por el empresario Jorge Marcolli, involucra al actual ministro de Obras Públicas de la Provincia, Rubén Dusso, y al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, entre otros funcionarios.
El secretario de Fiscalía Federal, Edgardo Bulacio Sánchez, consideró que en esta causa "se avanzó notablemente". En este sentido, fruto de la investigación, se pudo probar que de los tres programas de viviendas que se manejaron durante la gestión kirchnerista hubo al menos uno en el que el IPV no intervino a la hora de enviar los anticipos financieros de las obras.
"El 21 de julio de 2004 se suscribió un convenio para viviendas. El Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido comprometió 120.000 viviendas en todo el país y los IPV debían firmar los convenios con cada empresa. En Catamarca se dispuso que la financiación sería mediante el IPV con cuentas bancarias abiertas específicamente para esto. Posteriormente esto se modificó y no se giró el dinero a través del IPV, sino directamente desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación a las cuentas de las empresas", explicó Bulacio, quien agregó que solo el anticipo financiero fue el que no administró el IPV, ya que el resto de la obra sí dependía de que el IPV autorizara el pago a medida que se aprobaron certificados de obra.
"Fue durante el Plan Federal de Viviendas I", explicó y recordó que en primera instancia hubo "Plan Solidaridad Habitacional", luego el plan mencionado y después el "Plan Federal II". En este sentido, el funcionario judicial explicó que durante las próximas tres semanas van a declarar todos los empresarios que registraron aperturas de cuentas durante el tiempo que duró ese plan y deberán explicar las razones por las cuales recibieron el dinero directamente desde la Nación y no con el IPV como intermediario, como ocurrió con el resto de los programas de viviendas.
"Es muy posible que sean citados en forma reiterada de acuerdo a los elementos que se vayan sumando a la causa", adelantó. Además, añadió que en el caso de que tras tomar estos testimonios no existieran nuevos elementos probatorios, la investigación estaría ya en su etapa final. "Necesitamos nada más que una sospecha para hacer un requerimiento de instrucción ante el juez, no una certeza", dijo.
Investigación compleja Por otra parte, Bulacio aseguró que la investigación se tornó "muy complicada" ya que en un caso de corrupción "generalmente no se dejan pruebas fehacientes del ilícito". Según expresó, analizaron todas las cuentas bancarias de los empresarios y de la Nación, accedieron a registros de vuelos y otros elementos para poder darle forma a la causa. "El transcurso del tiempo es cruel, pero no está prescripto el posible delito porque el funcionario nacional implicado (por José López) estuvo en funciones hasta diciembre de 2015", finalizó.
El circuito En agosto de 2016 el empresario de la construcción Jorge Marcolli involucró a Dusso en un entramado de corrupción y aseguró que entre los primeros años de la gestión kirchnerista a nivel nacional, éste lograba conseguirles obras a empresarios amigos a cambio de un retorno del 3% del monto total de la obra.
El mecanismo requería que los constructores que accedían a la obra pública depositaran un retorno que iba directo al Gobierno nacional gracias a la participación del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, López, y del ex secretario de la Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, ya fallecido. Según Marcolli, Nación depositaba un adelanto financiero en una cuenta corriente especial, en la que no había intervención de los organismos provinciales (tal como se comprobó ocurrió en al menos una oportunidad). Al día siguiente del depósito, los empresarios debían retirar un monto de entre el 3 y el 5% de lo transferido y llevarlo hasta la oficina de Dusso, quien llevaba el dinero hasta el aeropuerto Felipe Varela y lo entregaba a un enviado de López, aunque según explicaron esta versión no consta en la denuncia que tiene Fiscalía (ver aparte).
Por entonces, Dusso presidía la Asociación de Contratistas del Estado, que funcionaba como organismo paralelo a la Cámara de la Construcción, desde el que habría manejado las obras. Según declaró en noviembre pasado el fiscal Santos Reynoso, un "80% de los hechos podría haber ocurrido".
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Días es el tiempo que puede demorar el proceso de todas las declaraciones. Puede ocurrir que sean citados en más de una oportunidad para explicar más detalles sobre los hechos.
Un funcionario llegó en vuelo investigado
Según detalló el secretario Bulacio Sánchez, se investigaron todos los vuelos que se mencionaron en la denuncia del empresario Marcolli y encontraron al menos uno en el que llegó a la provincia el que pudo haber sido un funcionario nacional.
Ocurrió el 23 de marzo de 2005 en un avión que arribó proveniente de Buenos Aires y en el que llegaron 92 pasajeros. "Uno de ellos viajó con categoría de exento. Podría tratarse de un infante menor de dos años o un funcionario público o diplomático. Descartamos que fuera un niño porque no figura ninguno en la planilla", explicó.
En este sentido, destacó que si bien el ministro Dusso aparece mencionado en la denuncia como partícipe necesario de la maniobra, no consta en el expediente que haya sido él mismo quien trasladase el dinero de los retornos hasta el aeropuerto. Además, se conoció que llegó un vuelo de Salta, pero que luego retornó a esa provincia y en el que no habría viajado ningún funcionario.
