fundamentos de la sentencia por la venta de armas

Menem fue absuelto en una causa por el "paso del tiempo"

Los magistrados consideraron que hubo una tramitación engorrosa y lenta del expediente.
viernes, 09 de noviembre de 2018 · 04:05

"El paso del tiempo" fue uno de los ejes del escrito de 209 páginas por el cual el ex presidente Carlos Menem quedó libre de culpa y cargo en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

El fallo que a comienzos de octubre absolvió al ex presidente Carlos Saúl Menem fue el resultado de la votación de los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, miembros de la Sala III de la Cámara Federal de Casación, que coincidieron (aunque con disidencias) en la decisión judicial, 23 años después de que se iniciara la polémica causa.

Según informó el diario Perfil, Catucci y Riggi se inclinaron por entender que se incumplió el plazo razonable, en tanto que Mahiques fundamentó su fallo en la no comprobación de elementos subjetivos probatorios, sosteniendo que las referencias que constaban en la causa a Menem eran indirectas.

La jueza Catucci sostuvo en su voto que, “siguiendo las pautas marcadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tiempo ya transcurrido resulta violatorio para los derechos de los imputados a ser juzgados en un tiempo razonable”. Argumentó que “el epílogo de esta causa no será el que debió haber decantado de la mera y simple aplicación de las reglas del derecho” y agregó que, “aún con la preocupación que deja este tipo de situaciones no se ha de apartar el tribunal de la solución que atiende y respeta todas las garantías del justiciable establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que no sólo ha de operar sobre el delito juzgado sino ante la posibilidad de ordenar la investigación y juzgamiento de los que no lo fueron”.

La magistrada habló de “la magnitud del tiempo transcurrido y la morosidad judicial advertida”, por lo que decidió, “en consecuencia, la absolución de los encausados por extinción de la acción penal en mérito a la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable”.

Riggi también fue en ese sentido y consideró que si se considerara lesionada esta garantía que “integra el debido proceso legal y hace al derecho de defensa en juicio”, la consecuencia de ello sería “la insubsistencia de la acción penal, lo que tornaría abstracto expedirse sobre la existencia de los hechos y la significación jurídico penal asignada en el fallo que se revisa”.

En un párrafo que apuntó a la historia de la causa sostuvo que los hechos que componen el caso, “tuvieron su génesis hace más de dos décadas y, la tramitación del expediente, desde su inicio fue por demás engorrosa, lenta y sin un claro norte tendiente a descubrir la verdad real de lo sucedido”.

Explicó que todo ello ocurrió por “la exclusiva desidia, inactividad o deficiencia en la técnica investigativa de los distintos órganos estatales intervinientes que resultaban los encargados de llevar adelante la persecución penal pública en tiempo y forma, extremo que claramente no puede ser soportado por los justiciables si es que se pretende respetar la garantía del debido proceso legal consagrada en nuestra Constitución Nacional y respecto de la cual, como veremos, el derecho a ser juzgado sin delaciones indebidas constituye una de sus manifestaciones, tal como ha sido reconocido por los superiores tribunales nacionales e internacionales”.

En disidencia con sus compañeros de Sala, Mahiques analizó los elementos existentes en la causa y afirmó: “No se comprende de qué manera todo aquello se asumió como material probatorio apto para involucrar al ex presidente, y por qué sería demostrativo del conocimiento que éste habría tenido del verdadero destino de los embarques, tanto más cuando es el propio tribunal el que aclara que 'se ha establecido que este último destino se decidió con posterioridad al dictado del decreto'”.
Por último, el juez consideró que su responsabilidad como Presidente no lo ubica como responsable penal.

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