A fines de agosto se conoció la denuncia por supuestas irregularidades en la contratación de maquinarias de Vialidad provincial, tras revelarse una adulteración de títulos en vehículos que habían sido contratados por el organismo provincial.
Desde ese momento comenzaron a surgir varias irregularidades que pusieron sobre el tapete la relación del organismo provincial con un grupo de empresarios, propietario de máquinas diversas, a quienes les alquila los vehículos para realizar distintas obras. La trama revela que la contratación de horas máquinas es uno de los agujeros del Estado, porque permite diversas maniobras vinculadas a la corrupción.
El último capítulo de la saga se relaciona con el convenio que en diciembre de 2016 firmaron Vialidad nacional y Vialidad provincial para realizar obra básica y pavimento de la ruta nacional Nº 40 en el tramo Las Mojarras – Quilmes. Para completar la obra, Vialidad provincial contrata a Vial -Nort, de Ariel Barceló, por maquinaria y para realizar parte de la obra.
Ahora se presentan nuevas dudas, porque conforme a la documentación a la que accedió este diario, mientras las máquinas estaban afectadas a la obra en la ruta 40, Barceló gana otro concurso de precios y afecta cinco de esas máquinas a la construcción de una pista de aterrizaje en Santa María. Lo que llama la atención es la decisión de asignar el concurso a una empresa que ya había ganado un concurso anterior y que estaba en plena ejecución de la obra.
Precisamente, la Justicia puso bajo la lupa el trámite exprés con el que Vialidad provincial asignó la obra a Barceló. En cinco días hábiles completó el trámite administrativo y se aplicó una normativa secundaria para saltarse otros pasos administrativos.
El administrador de Vialidad provincial justificó que, en ese caso, el organismo actuó como si fuera una empresa contratista.
La obra de pavimentación en la ruta 40 era para una longitud total de 19.800 metros y con un presupuesto de $ 45.738. 232.
En enero 2017, Vialidad provincial firma un acuerdo con Vialnort S.R.L, empresa de Ariel Cristóbal Barceló, por la que contrata un conjunto de equipos: una motoniveladora Caterpillar (2.100 horas de trabajo), un camión regador de agua (2.100 horas) un vibrocompactador (1.400 horas), 1 camión volcador , 1 camión con caja volcadora (1.450 horas de trabajo), 1 cargador frontal (1.500 horas), 1 rodillo neumático (1.400 horas), una vibro terminadora (1.400 horas), una aplanadora vibradora (1.400 horas). El importe total de la contratación asciende a $ 15.946. 561 y la obra comenzó a ejecutarse en febrero de 2017.
En agosto de 2017, mientras todavía se ejecutaba esa obra porque tenía un plazo de nueve meses, Vialidad provincial convoca a un concurso de precios para la obra de la pista de aterrizaje en el departamento Santa María. Vial Nort gana ese concurso y afecta a cinco vehículos de los que tenía trabajando en la ruta nacional 40. En este caso, la contratación, fue por $ 1.600.000 y se afecta a la motoniveladora Caterpillar, al camión regador de agua, al vibrocompactador , el camión con caja volcadora y el cargador frontal.
De acuerdo con las certificaciones percibidas, hay dos de las máquinas que no cobraron en agosto para la ruta 40. Las otras tres habrían trabajado de manera simultánea.
Los antecedentes
La denuncia por las supuestas irregularidades por el alquiler de maquinarias comenzaron en agosto cuando un empleado del organismo reveló una denuncia que había realizado a fines de 2016 y fue por el alquiler de maquinarias al empresario Víctor Núñez, ex presidente de la Cámara de la Construcción. Un agente del organismo descubrió que dos vehículos tenían el mismo título automotor. Luego, comprobó que una de las máquinas estaba asentada en Buenos Aires y a nombre de otro propietario.
Apenas se conoció el caso, María del Rosario Andrada, titular del Registro del Automotor N°1 tiene competencia en el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial (MAVI), donde se asientan todos los vehículos comprendidos por maquinaria pesada, amplió la denuncia y ya eran tres las máquinas del empresario Víctor Núñez que tenían títulos adulterados y solo uno era el título original. Además, como una "extraña coincidencia" los vehículos con títulos adulterados estaban radicados en otras provincias.
Ya no solo era la adulteración de documentos sobre el dominio de los vehículos, sino una maniobra de falsificación de documentos públicos y la falsificación de firma de funcionarios públicos, dado que aparecerían adulterados los datos del Registro Automotor.
La causa está radicada en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública que, desde agosto, realizó una media docena de allanamientos en Vialidad Provincial y en el domicilio de varias empresas. El primero fue en la sede social y en el taller de maquinarias del empresario Núñez.
Con el paso de los días, y por el aporte de diversos actores, la causa fue adquiriendo más volumen y empezaron a aparecer nuevas irregularidades que comprometen a otras empresas.
Luego se allanó las empresas Ediciones SRL e Icultural SRL, cuyo titular es Claudio Suárez. En este caso aparece comprometida por la superposición horaria en la contratación de maquinaria.
Además se realizó otro allanamiento en la firma de Julio Darío Ríos, un empresario ligado a Núñez, que quedó bajo sospecha a partir de una denuncia que realizó la titular del Registro del Automotor con competencia en Máquinas Agrícolas, Viales e Industriales (MAVI), María del Rosario Andrada, también por supuesta falsificación de títulos.
Las últimas medidas se realizaron en las empresas Combo S.R.L, Paradigma S.R.L, BRO Hermanos y Vecchiola.
Naranjo- Núñez, muy cercanos
Son varios los testimonios que hacen referencia a la cercanía que el administrador de Vialidad, Hugo Naranjo, tiene con los empresarios propietarios de maquinaria vial. En 2017, el administrador compartió la mesa de la cena que organiza el organismo por el Día del Camino con el empresario Víctor Núñez. En la misma mesa estuvieron el director de Mantenimiento, Juan Carlos Pugliese y el ingeniero Morales, jefe de Vialidad, que integra la comisión de preadjudicaciones.
Se paralizó la obra de asfaltado en la ruta provincial Nº46
La obra de asfaltado de la ruta provincial N°46, Andalgalá - Belén se encuentra paralizada, y la Unión Transitoria de Empresas DECAVIAL – ESUCO junto a las contratistas comenzaron a suspender preventivamente al personal.
Más de 120 operarios directos e indirectos junto a los corralones del departamento Andalgalá están en una situación de incertidumbre. Según se pudo conocer, el Banco Mundial, que financia la obra, ya hizo los depósitos correspondientes a Vialidad Nacional, quien es la encargada de enviar los fondos a la UTE DECAVIAL – ESUCO. La deuda vencida corresponde a dos certificaciones cuyo monto es de 160 millones de pesos y debía haberse saldado hace 60 días, y restan todavía dos certificaciones más por abonar.
Según la información que brindaron fuentes vinculadas a la obra, se realizaron las gestiones necesarias ante Vialidad Nacional, pero aún no se pudo lograr que la máxima autoridad dé alguna explicación con respecto la retención de los fondos, la desfinanciación que están sufriendo las empresas y el panorama poco alentador. Es por es por eso que la determinación que se tomó es suspender preventivamente al personal directo y tercerizado sin goce de haberes.
En concepto de sueldos, Andalgalá recibe una inyección de 15 millones de pesos del sector, lo que generará una deuda interna por la suspensión.
Por otra parte, se conoció que las concesionarias de la obra DECAVIAL – ESUCO trasladarán la planta de asfaltado hacia otro punto del país para cumplir con otro requerimiento adquirido con anterioridad por lo que se desconoce quién continuará con la etapa de asfaltado que está pendiente.
La empresa ESUCO pertenece a Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, uno de los arrepentidos en la causa de los Cuadernos de la Corrupción.
