Trabajadores judiciales expresaron su rechazo a la medida que pretende implementar el Gobierno nacional y que pronto será debatida en el Congreso sobre la extensión del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial y pidieron a los legisladores nacionales por Catamarca, que no apoyen la medida.
La medida en Catamarca se llevó a cabo por 24 horas para las dependencias de la Justicia Nacional y Federal, y de media jornada en la Justicia provincial, que paralizó sus actividades por la mañana desde las 10 y en la jornada vespertina desde las 18.
La secretaria general de la Unión de trabajadores Judiciales de la Nación, Patricia Bustamante, dijo a EL ANCASTI que “consideramos que es un impuesto injusto no solo para los judiciales, sino para todos, ningún trabajador debería pagar por su salario. Es un impuesto mal llamado de Ganancias, es un impuesto al trabajo”, dijo.
En tanto que apuntó a los representantes de Catamarca y señaló que los trabajadores “aspiramos a que nuestros legisladores no voten a favor de esta ley tan abarcativa a todos los empleados judiciales de la provincia. Considero que están atacando a una clase social que invierte en la provincia, que consume en la provincia, y ese impuesto que nos impondrían es dinero que sale de la provincia y que no regresa porque el impuesto por las Ganancias no se redistribuye entre las provincias”, dijo.
Bustamante dijo que hasta el momento no pudo reunirse con los diputados nacionales, aunque dijo que no pierden las esperanzas de que esa reunión se pueda dar y que le permitan plantear la visión que tienen los trabajadores locales. “Tengo la esperanza de poder reunirme con alguno de ellos, para hacerles conocer detalladamente cual es nuestra postura, nosotros tenemos una visión particular sobre el tema, no se trata de un capricho o que nos creamos privilegiados y que consideramos que debemos mantenerlo. Creemos que es injusto para todos los trabajadores y que ellos no deben avalar este tipo de leyes que perjudica ya a la clase trabajadora que viene muy vapuleada, porque ya el desfasaje que ha tenido nuestro salario fue muy importante”, dijo. Cuestionó “¿hasta cuándo se va a seguir castigando a los trabajadores?, tenemos que resistir ya se no se puede más. Ellos tendrían que pensar que realmente están atacando a una clase que invierte en la provincia y que los consumos que ya hace ya van con impuestos al Estado. Es seguir perjudicando el consumo”, se lamentó.
Los trabajadores judiciales habían logrado semanas atrás un aumento del 7,5%, para compensar el desfasaje económico, pero tras el acuerdo, el avance para que sean incorporados al pago de Ganancias, del cual estaban eximidos generó un profundo malestar.
Iniciativa
La iniciativa se impulsó al finalizar la maratónica sesión de 18 horas realizada la semana pasada donde se aprobó la media sanción del Presupuesto 2019, aunque no prosperó para su tratamiento en esa oportunidad y quedó el compromiso de hacerlo en lo inmediato.
El texto que se pretendía tratar incluía a la aplicación del gravamen a quienes ejercen cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Capital Federal, sin excepciones, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos, magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y los Ministerios Públicos. n
Indemnización y venta de inmuebles pagarán el tributo
Mientras se espera el debate para incorporar al Poder Judicial en el pago de Ganancias, el Gobierno nacional avanzó con un reajuste parcial a la reglamentación del tributo, y ahora pagarán las indemnizaciones por despidos y la renta que deje la venta de un inmueble.
Con la medida el Gobierno busca incrementar la recaudación fiscal el año próximo en el marco del ajuste implementado para alcanzar el déficit primario cero. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial ayer, las indemnizaciones pagarán Ganancias cuando el despedido haya ocupado un cargo gerencial durante al menos un año antes de la desvinculación y cuya remuneración bruta mensual supere en 15 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy está en $10.700, es decir unos $160.500.
También se incorporó una extensión del impuesto a la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles adquiridos desde el 1 de enero. La reforma impositiva sancionada los inmuebles adquiridos a partir de 2018 pagarán 15% de impuesto a las Ganancias sobre la renta de capital y una vez que estos bienes se vendiesen, este tributo reemplazará al Impuesto a la Transferencia de Inmuebles ITI), del 1,5% sobre el total de la transacción.
