La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) apelaron la falta de mérito que dictó el juez federal Sebastián Casanello sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "ruta del dinero K". Ambos organismos reclamaron que la líder de Unidad Ciudadana sea procesada, por entender que "concurren elementos de convicción suficientes para vincular a la encartada con las maniobras". Además, la UIF presentó un nuevo recurso para que la Justicia reabra la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra la senadora, que había sido descartada por el ex juez Norberto Oyarbide en 2009.
A través de su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, la UIF remarcó en su presentación que el juez Casanello "sobreestima el suceso correspondiente a la muerte de Néstor Kirchner como si este hechos hubieran dejado sin efecto los acuerdos existentes entre las familias Kirchner y Báez como si la prueba no señalara la continuidad de los mismos". "No sólo veremos que el circuito de lavado de dinero funcionaba mucho antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, sino además que el resolutorio obvia manifestar que, aún después de acaecido el luctuoso suceso, el Grupo Báez continuó recibiendo obra pública, de modo preferencial", apuntó la UIF.
Para la OA, que conduce Laura Alonso, la ex presidenta tenía conocimiento, al menos de forma genérica, de las maniobras de lavado de dinero realizadas por el empresario Lázaro Báez. "El hecho de que Cristina Fernández tuviera conocimiento de la colocación en cabeza de Lázaro Báez de una masa de dinero de origen ilícito pero que no conociera con exactitud cada una de las operaciones en nada quita su responsabilidad en el evento", apuntó en el escrito.
Por otra parte, la UIF también apeló la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de no aceptar su primer pedido de reapertura en la causa de enriquecimiento ilícito, ya que considera que en este caso debe aplicarse la doctrina de "cosa juzgada írrita", que permite reabrir causas de corrupción cuando su cierre estuvo relacionado a maniobras fraudulentas.
El organismo decidió insistir con la investigación luego de que en agosto pasado Oyarbide declarara ante el juez federal Claudio Bonadío que había recibido presiones en ese momento para tratar "con celeridad" la causa, que también incluía al ex presidente Néstor Kirchner. La causa había iniciado en julio de 2009 con una denuncia de Enrique Piragini, quien acusó al matrimonio Kirchner de haber incrementado sus bienes entre 2007 y 2008 en un 158 por ciento.
En diciembre del mismo año, Oyarbide descartó el caso tras recibir un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, que consideró que no hubo delito. Para la UIF, "los elementos que ha tenido en cuenta el ex magistrado al dictar el sobreseimiento no pueden ser admitidos en un ámbito valorativo, sino entendidos como graves indicios de la existencia de una cosa juzgada írrita". "Es de público conocimiento que Oyarbide habría mantenido fuertes vínculos con el gobierno de Néstor Kirchner", señalaron.n
