La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las excarcelaciones de cuatro empresarios y otros cuatro ex funcionarios, todos procesados por asociación ilícita en el marco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
La Sala I del Tribunal desestimó los pedidos de excarcelación presentados por los ex funcionarios Rafael Llorens, del entonces Ministerio de Seguridad; del ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti, de Hernán Gómez y Walter Fagyas, este último de ENARGAS. Por otra parte, los camaristas también desestimaron los pedidos de excarcelación que presentaron los empresarios Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina, Raúl Vertúa de la empresa que lleva su apellido, y de Néstor Otero, de la concesionaria Teba que explota la terminal de ómnibus de Retiro.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña rechazaron así los planteos que llegaron por parte de los imputados a la máxima instancia penal luego que la prisión preventiva fuese ordenada por el juez federal Claudio Bonadío y convalidada por la Cámara Federal.
En los fallos, el Tribunal recordó la gravedad del delito investigado, el de asociación ilícita, así como el estado incipiente de la investigación "caracterizado por una compleja y voluminosa investigación que se halla en plena sustanciación inicial, cuyo alcance no puede aún limitarse". En ese sentido, los camaristas evalúan como "válida" la decisión de imponer prisión preventiva y declaran inadmisibles los recursos de las defensas contra aquellos fallos en los que le habían denegado la excarcelación.
Son las primeras definiciones que toma la Cámara de Casación sobre la libertad de los más de 40 imputados que tiene la investigación, que cuenta con la ex presidenta y senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, procesada por ser considerada "jefa" de la asociación ilícita.
Acuerdo para evitar juicio
Manuel Vázquez, ex asesor del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, acordó una condena de tres años de prisión efectiva y una multa de más de ocho millones de pesos para evitar ir a juicio oral y público en el marco de la causa que pesa sobre él y el ex secretario por actos de corrupción. El acuerdo consiste en un depósito de 200.000 pesos en las próximas 48 horas y luego pagará 12 cuotas de 658.379,78 pesos. Además, el acuerdo implica la inhabilitación perpetua de Vázquez para ejercer cargos públicos.
El convenio también incluyó a Julián Vázquez, su hijo, que recibirá dos años de prisión en suspenso y una multa de 5.327.682,45 pesos. Según la Fiscalía, los Vázquez son partícipes necesarios en el enriquecimiento ilícito de Jaime. Semanas atrás, el ex funcionario acordó una condena de cuatro años de prisión, una multa de 12.705.830 pesos y el decomiso de un barco, seis inmuebles y dos autos, para evitar el juicio oral y público en cuatro causas en las que es investigado. Este acuerdo es en el marco de dos causas por peculado, una por enriquecimiento ilícito y la otra por corrupción en el Belgrano Cargas. El total de multa que pagarán todos los imputados se acerca a los 40 millones de pesos.