La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró uno de los locales comerciales propiedad de la sociedad "Las Kumpas SRL", de Silvia Quinteros, ex directora de Administración de la Secretaría de la Vivienda, y de su ex secretaria privada, Jacqueline Figueroa, ambas involucradas en la investigación que lleva adelante la Justicia por millonarias maniobras de corrupción en la Secretaría de la Vivienda, en la gestión de Octavio Gutiérrez.
El comercio clausurado se denomina "El Kuervo, todo para armar", está ubicado en calle Esquiú antes de llegar a Maipú y se dedica a la venta de elementos para la confección de bijouterie. Este medio intentó comunicarse con el organismo nacional para conocer los motivos de la clausura, pero hasta ayer, no se obtuvo respuesta.
En el local, aparte del cartel de "clausurado", se observa un papel, en la puerta, escrito a mano dice: "cerrado del 2 hasta el 5 de enero", por lo que se infiere que la sanción contra el comerció culminaría mañana.
"El Kuervo, todo para armar" es uno de los cuatro locales que pertenecen a la sociedad "Las Kumpas SRL" que fueron allanados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración, en el marco de la causa de corrupción, en la Secretaría de la Vivienda. Los otros locales, son: -"Mini's Company", "Linaje Argentino" y "Armonía". De acuerdo a un relevamiento que hizo El Ancasti, "Mini´s Company" y "Linaje Argentino" funcionan con normalidad. No obstante, "Armonía", al parecer ya cerró sus puertas.
La causa
La investigación que pesa sobre Quinteros y Figueroa, se inició el año pasado, con una denuncia de la diputada Paola Bazán (FCS-Cambiemos), donde advierte sobre maniobras de dudosa legalidad en la Secretaría. Además de Quinteros y Figueroa, también quedó involucrada en la investigación María Cisneros, socia gerente de RAF SRL, titular del "Corralón San Fernando", que era proveedora de la Secretaría. Cisneros y Figueroa son madre e hija y socias en RAF.
Tanto Quinteros, Figueroa y Cisneros, están implicadas por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, luego de que se comprobara compras a la firma RAF por cifras millonarias para la adquisición de materiales de construcción por parte de la Secretaría de la Vivienda, cuando Quinteros era funcionaria.
Entre las medidas que tomó la justicia, se encuentra la inhibición general de bienes para los involucrados en el fraude. En ese sentido, no podían vender, ni efectuar otras transacciones con sus propiedades.