El plazo límite que fijó el Poder Ejecutivo para las adscripciones sacudió la modorra en pleno receso administrativo y puso en alerta a los gremios por la gran cantidad de empleados a los que afecta la medida. Si bien algunos tienen cierta tranquilidad porque consideran que las prórrogas son habituales, otros cuestionaron el ultimátum y objetaron que el Gobierno luego privilegie los amiguismos y favores políticos a la hora de designar personal a determinadas áreas. Hay especial interés en el sector docente, ya que las comisiones de servicio también se verán afectadas. En el caso de los municipales, plantean que sea la provincia la que los absorba.
Como se conoció, por decisión de la gobernadora Lucía Corpacci, la Secretaría General de la Gobernación emitió un memorándum en el que notificó al personal de la Administración Pública que las adscripciones, comisiones de servicio o afectaciones a otros organismos o jurisdicciones caducan el próximo miércoles 31 de enero. De esta forma, todos los agentes deben reintegrarse indefectiblemente y a la brevedad a su lugar de origen, según expresa el instrumento, aunque aclara que puede haber excepciones, siempre que se ajusten a los decretos reglamentarios.
Al respecto, miembros de la Unión de Personal Civil de la Nación explicaron que la determinación tomada por el Ejecutivo "es legítima" ya que el plazo de las adscripciones está establecido por ley, aunque destacaron "seguramente habrá varias renovaciones". En ese sentido, la secretaria general, Claudia Espeche, comentó que "no hay mucho que el gremio pueda hacer" y explicó que a partir de ahora la continuidad de los empleados dependerá de la decisión de sus jefes directos. Ante esta situación, Espeche, de UPCN, consideró que la mejor solución es tramitar un cambio presupuestario, con lo que no es necesaria una adscripción ya que el agente depende del organismo al cual fue destinado su presupuesto.
En el mismo sentido, el titular de SUTECA, Juan Godoy, explicó que la medida ya afecta a varios docentes que estaban destinados a tareas administrativas y cuyas comisiones fueron suspendidas por el Ministerio de Educación el 31 de diciembre, y criticó que la decisión dependa ahora "de cómo le caen a sus jefes", ya que en muchas oportunidades estas comisiones de servicio se otorgan por cuestiones de salud.
Por otra parte, también fue crítico con la decisión pues "cuando termine el receso nos vamos a encontrar en todas las oficinas con el desfile de gente que va a pedir que le hagan el favor de reubicarlo o renovarle la comisión o la adscripción". Godoy cuestionó que esto ocurra "cuando en el Ejecutivo y el Legislativo aprovechan y acuerdan el traslado de los empleados que son amigos, familia o con los que tienen algún vínculo".
Diferente es el planteo de la Asociación de Trabajadores del Estado. El gremio que nuclea a un gran porcentaje de empleados municipales, conducido por Ricardo Arévalo, planteó la necesidad de que la provincia absorba a los agentes que tiene adscriptos en áreas como Servicios Públicos, Salud y Educación. "Hay muchos casos de empleados municipales que llevan 10 o 15 años prestando servicios en la DASI, o que manejan las ambulancias, o cumplen tareas en las escuelas. Estos empleados más que una prórroga de las adscripciones ameritan el pase presupuestario, porque incluso hay una desventaja salarial con otros en la provincia que cumplen las mismas funciones y están bajo la órbita de la provincia", dijo Arévalo.
