A mediados de 2017, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública elevó a juicio una primera parte de la causa relacionada con hechos de corrupción ocurridos en la Secretaría de la Vivienda. En esa instancia judicial quedó comprometida la ex titular de Administración Contable y
Financiera de la Secretaría de la Vivienda Silvia Alejandra Quinteros por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal. También, Jackeline Figueroa de Moreno, quien se desempeñaba como secretaria privada de Quinteros y era titular de la firma RAF SRL, proveedora de la Vivienda; el hermano de Jackeline, Gonzalo Figueroa, propietario de un corralón que actuó como proveedor de la Vivienda, y María Cisneros, madre de Jackeline y Gonzalo, socia con su hija en la firma RAF SRL y también empleada en el organismo oficial.
Los hermanos Figueroa y su madre están imputados como partícipes necesarios en las negociaciones incompatibles con la función pública.
Los abogados de los imputados plantearon la oposición a la elevación a juicio.
Según la investigación judicial, el monto de las contrataciones a las empresas cuestionadas llegaría a $74 millones en un período estimado entre junio de 2013 y diciembre de 2015.